La empresa Evisa pedirá la detención de los directivos de Fecovita

Los representantes legales de la firma brindaron una conferencia de prensa donde dieron detalles del avance de la causa. Aseguran que hay pruebas fehacientes de dolo por parte de las autoridades de la Federación.

La empresa Evisa pedirá la detención de los directivos de Fecovita

Por:Juan Manuel Lucero
Periodista

La causa entre Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) e Iberte, la compañía española que fue su socia en Evisa (Exportadora Vitivinícola S.A.), agregó un nuevo capítulo. Representantes de Evisa -cuyo paquete accionario es compartido entre Fecovita y la empresa española Iberte- brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron algunos avances en la causa donde pedirán la detención de los directivos.

Desde la empresa denunciante aseguran que hubo dolo por parte de las autoridades en lo que señalan como un falseo de los balances de Fecovita. Uno de los ejecutivos, Guillermo García, junto al equipo legal de la misma, compuesto por los abogados Carlos Aguinaga, Juan Pablo García Diez y Santiago Pontis Day, detallaron cuáles han sido los datos obtenidos de las pruebas aprobadas por la propia Fecovita.

Según señalan desde la empresa denunciante, "el conflicto es con las autoridades de Fecovita y no con la federación, siempre hemos tratado de proteger la relación con el sector cooperativo".

Lo que apuntan los asesores legales de la ex socia de Fecovita es que "hay un informe firmado por el Presidente de Fecovita y firmado por el auditor externo que reconoce la falsedad de los balances respecto de Exportadora Vitivinícola SA".

Guillermo García, ejecutivo de Iberte.

El dato que se desprende del análisis de las pruebas aportadas por las autoridades de la Federación es previo a la pericia contable solicitada por los denunciantes. En el mismo, aseguran que se encontraron con que un informe de Fecovita de fecha 3 de julio del año 2023 reconoce que la deuda que tiene Fecovita con Evisa es de 3600 millones de pesos".

Al cambio oficial, eso equivaldría a cerca de 17,5 millones de dólares. Luego, apuntan los abogados, cuatro días después, las autoridades presentaron un balance a la asamblea de Fecovita onde aseguran que la deuda asciende a 400 millones de pesos.

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Esto implicaría un achicamiento de 9 veces el monto de deuda. "La dejan en valor nominal y la sacan como una deuda de valor producto. Reconocido por el propio auditor externo y por el propio presidente de Fecovita, que han falseado los registros de esa deuda", advierten los abogados denunciantes.

"Es un nivel de prueba de condena, es muy difícil que se vayan sin una condena penal por haber falseado los balances" explicaron los asesores legales.

Carlos Aguinaga, uno de los abogados de la empresa.

Qué piden los denunciantes

Así como hicieron meses atrás, desde Evisa piden que se adelanten los plazos de la audiencia que se ha fijado para la intervención. "Entendemos que Fecovita, una empresa importante y prestigiosa que nuclea 29 cooperativas y a miles de productores que son inocentes, no puede seguir en manos de esta banda que está delinquiendo y que están llevando a la ruina a una empresa que es un símbolo de la industria de Mendoza", explicaron.

A raíz de esto, piden tanto la intervención de la empresa como la detención de los funcionarios que estuvieron a cargo de la elaboración de los balances. "Estamos hablando de que hay un balance falso por 100 millones de dólares y cuando eso se tenga que rectificar por la Ley de Cooperativas, los responsables últimos de pagar, esto son las 29 cooperativas y los miles de productores", apuntaron.

"Aún no nos notifican de la audiencia, entendemos que sería cerca del 10 de abril. Hemos pedido que se adelante y vamos a pedir la detención de los funcionarios que están a cargo de los balances. Entendemos que hubo dolo", aseguraron.

Además, en torno a la deuda, Evisa buscará generar plazos para el cobro. "Si Fecovita cae en concurso tampoco cobraríamos nosotros", advierten. Mientras que aseguran que, si se interviene, buscarán establecer plazos para que sea pagable sin perjudicar a los cooperativistas.

Los denunciantes apuntan que las pruebas contra los directivos "son contundentes".

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