Una ONG había pedido investigar las condiciones en las que la empresa fue estatizada durante el gobierno de Cristina Kirchner. La jueza no dio lugar.
La jueza Preska rechazó el último intento argentino en el juicio de YPF
La jueza Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) para revisar el fallo por la expropiación de YPF. La solicitud apuntaba a que se investigue desde el momento de la nacionalización de la petrolera, durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero la magistrada determinó que no había elementos suficientes para reabrir el caso.
La decisión se conoció en la noche de este martes, luego de que Preska tomara en cuenta los argumentos de las partes involucradas. Burford Capital, el fondo de inversión que obtuvo un fallo favorable en primera instancia y que obliga a Argentina a pagar USD 16.000 millones, se manifestó en contra del pedido, mientras que el Estado argentino, representado por la Procuración del Tesoro, apoyó la solicitud de RAFA.
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El fallo de Preska era previsible. "Es una medida apelable, pero con chances prácticamente nulas de prosperar", afirmó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. Además, indicó que cualquier intento de solicitar un "stay" (suspensión del fallo hasta que se resuelva la apelación) también sería rechazado por la jueza.
La estrategia de RAFA enfrentaba obstáculos significativos debido a los estrictos estándares de la jurisprudencia estadounidense para reconsiderar fallos, especialmente en litigios comerciales internacionales. La propia jueza ya había descartado pruebas que justificaran la nulidad del fallo. "Este intento de revisión es inviable porque la magistrada ya analizó los argumentos y descartó cualquier posibilidad de fraude", sostuvo Maril.
La presentación de la ONG generó un fuerte debate en el ámbito judicial y económico. Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, cuestionó la estrategia de RAFA y la comparó con "mandar al arquero a cabecear en el último minuto".
Por su parte, Burford Capital sostuvo que el tribunal de Preska ya ordenó una amplia producción de pruebas a lo largo del proceso y que la ONG no ofreció una justificación válida sobre por qué esperó tanto tiempo para solicitar su intervención. "Este asunto ha estado pendiente durante casi una década y RA4ARG no explica por qué tardó un año y medio después del fallo para actuar", argumentaron desde la firma inglesa.
El Gobierno argentino, a través de la Procuración, reiteró su compromiso con la investigación de los hechos que rodearon la nacionalización de YPF y expresó su disposición a colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, dejó en claro que esto no implica un reconocimiento de la jurisdicción estadounidense sobre el caso.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario complejo con esta causa. "Este Gobierno ha tenido que asumir la defensa del Estado argentino en una etapa procesal sumamente avanzada, frente a una situación heredada. Continuará haciendo todo lo posible para revertir la sentencia o mitigar su impacto", señalaron fuentes oficiales.
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