El Gobierno Nacional derogó el decreto que, desde hace 30 años, obligaba a los colegios a pedir autorización para fijar y aumentar los pagos.
Desregulan la educación privada: el Estado ya no intervendrá en las cuotas
Por medio del Decreto 787/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno derogó la norma cque establecía la obligación de los colegios privados de informar y obtener autorización previa para modificar los valores de matrículas y cuotas.
Con esta medida, el Ejecutivo da un paso más en su política de reducción de la intervención estatal, liberando el sistema de fijación de precios dentro del sector educativo privado. Desde ahora, los institutos podrán definir libremente sus aranceles, sin necesidad de aprobación oficial ni comunicación anticipada al Estado.
Según los fundamentos del decreto, el esquema derogado "presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país".
El texto recuerda que el sistema vigente fue diseñado en los años 90, cuando la educación aún dependía de la administración nacional. Pero, tras la transferencia de competencias a las provincias, el Gobierno considera que "corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos de gestión privada".
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El Ejecutivo argumenta que la intervención estatal en la fijación de aranceles "ha generado efectos contraproducentes", al limitar la capacidad de los colegios para adaptarse a los aumentos de costos y las fluctuaciones del mercado. En particular, advierte que el requerimiento de informar y obtener autorización previa para ajustar las cuotas "crea una situación de incertidumbre económica" que, en muchos casos, lleva a los institutos a fijar precios más altos desde el inicio del ciclo lectivo por temor a no poder cubrir gastos futuros.
El texto sostiene además que este esquema de control "perjudica a las familias", porque la previsibilidad impuesta por el Estado "termina forzando a los colegios a aplicar aranceles más elevados desde el comienzo del año, limitando la capacidad de los padres para elegir instituciones acordes a sus posibilidades económicas".
Otro de los argumentos centrales del decreto apunta al derecho de propiedad de los establecimientos privados. Según el Gobierno, los institutos "deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal".
En paralelo, el decreto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991, que regula el financiamiento de la educación privada. El objetivo, según el documento, es avanzar hacia un esquema que resguarde el principio de libre contratación, permitiendo a las instituciones "definir sus políticas de precios y compensaciones en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado".
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