Freno judicial al avance de Orozco sobre el negocio de la basura

El intendente y candidato a vicegobernador intenta remover a la empresa que opera el relleno sanitario de El Borbollón. La Justicia se lo impidió ayer, por ahora. El trasfondo de una pelea por un negocio de cientos de millones de pesos.

Freno judicial al avance de Orozco sobre el negocio de la basura

Por:Ricardo Montacuto
Director Periodístico

La escena ocurrió el martes de la semana pasada alrededor de las cuatro de la tarde en el relleno sanitario de El Borbollón, unos 4 kilómetros al Norte del Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, sobre la Ruta 40. La abogada María Elena Quintero apareció en el predio munida de una carpeta de documentos junto a los abogados Alan Poquet y Rodrigo Cuervo, y algunas personas más. Quintero es conocida por ser la representante de la secretaria de gobierno de Las Heras Janina Ortiz en una causa en la que está denunciada por coacción, y en otra en la que habría sido víctima de un ataque. Ortiz es la funcionaria más importante de la comuna, pareja de Daniel Orozco y candidata a diputada de La Unión Mendocina. En el predio también estaban el hombre de negocios Daniel Cabellier, y la funcionaria municipal Romina Pérez. María Elena Quintero no estaba allí como defensora de los intereses de Ortiz -al menos en lo formal- sino como representante de la firma MAS MENDOZA SA, una empresa creada en junio de 2020 en la CABA con el objeto de dedicarse a los negocios ambientales, entre ellos, el manejo de residuos urbanos. Esta firma no sería del todo desconocida en Las Heras. Sus socios son el joven abogado Nazareno Cabellier, y Tania Zarowerny. Y tendrían algún tipo de relación con un funcionario municipal cercano a Janina Ortiz. Entretanto, la empresa municipal que administra y controla el manejo del relleno sanitario es la EMOS SAU (Empresa Municipal de Obras y Servicios, Sociedad Anónima Unipersonal). Su presidente es el médico Pablo Petasny, funcionario municipal, aficionado y cercano a temas relacionados a la energía. Luego de las "barridas" de los últimos meses, habría ingresado al círculo de confianza de Janina Ortiz.

La presencia de funcionarios y abogados en el relleno sanitario respondía a un objetivo: hacerse del control de la operación del predio en el que los siete municipios del Gran Mendoza, la Secretaría de Ambiente de la Provincia, otros clientes del Estado y particulares depositan cerca de 30.000 toneladas de basura al mes; y desplazar a la firma que ganó la licitación el año pasado para el manejo de los residuos, Selfix SRL, cuyo principal accionista es el empresario Alfredo Vila Santander. Ayer, el juez de paz de Las Heras Pedro Javier Urquizu determinó "No innovar" en un fallo de 12 páginas, y pidió a todas las partes la documentación de cada una de sus acciones y pretensiones.

La policía, en uno de los operativos en el relleno sanitario.

La guerra por el negocio de la basura está declarada. Mientras tanto, las consultas que este diario hizo a la municipalidad sobre todos estos hechos, resultaron infructuosas.

Contexto

La escena de "toma de la Bastilla" del relleno sanitario había ocurrido por primera vez en realidad en la noche del lunes 31 de julio, cuando la funcionaria Romina Pérez acompañada de la Guardia Urbana Municipal concurrió al predio para avisarles que a partir de las 00:00 debían abandonar todo, ya que otra empresa se haría cargo. Según la denuncia y el recurso judicial presentado por Selfix, Pérez nunca dijo quién operaría la planta, ni habría mostrado orden judicial alguna. Los empleados de la empresa que maneja el relleno llamaron a la policía, y cuando llegaron, los municipales se replegaron. Hubo más intentos con idéntico resultado con un telón de fondo muy complicado. Integrantes de la cooperativa de recicladores que trabaja y vive del basural estaban muy nerviosos porque vieron peligrar su fuente de trabajo. Son unas 120 familias. Algunos de ellos aparecerían como integrantes de la "cooperativa fantasma" del subsecretario de políticas sociales Osvaldo Oyhenart y su yerno Juan Pablo Pandolfi, ambos imputados de fraude al Estado y estafa. Habrían usado los datos de personas absolutamente vulnerables, sin su permiso.

Ver también: Janina Ortiz pidió remover al juez Sarmiento para evitar ser imputada

También pasaron momentos de tensión los empleados de Selfix, a quienes los abogados de MAS MENDOZA SA les decían que ya les habían dado el "alta temprana" para trabajar con ellos. En el escrito que presentaron para ampararse en la Justicia, los representantes de Selfix denunciaron que miembros del Sindicato de Camioneros buscaron "convencer" a los empleados de ceder el contrato laboral a MAS MENDOZA SA, lo que vendría con una "gratificación" de un millón de pesos para cada uno. También denunciaron el uso de documentación "trucha" para removerlos. Hacían alusión a un supuesto acta de rescisión de contrato "firmada" por el ex secretario de obras y servicios públicos de la comuna Francisco "Pancho" Lo Presti en marzo de este año. Las comillas son porque Lo Presti negó y desconoció esa firma, lo que derivó en una compulsa penal a cargo del Fiscal de Delitos No Especializados Tomás Guevara, el mismo que tiene la causa de coacción contra Janina Ortiz. En ese expediente ya hay una funcionaria y una empleada imputadas.

La abogada Quintero, en el predio del relleno sanitario.

Las jornadas entre el 31 de julio y el día de ayer fueron bien calientes, hasta que el juez de paz dictaminó "No innovar", por lo que de momento, el manejo del relleno sanitario quedaría en manos de Selfix SRL, la empresa de Alfredo Vila Santander que ganó la licitación en 2022 luego de una mejora de la oferta. Sin embargo, detrás de todo esto hay una historia para contar, y una pregunta. ¿Por qué Daniel Orozco quiere quitarle el negocio de los residuos a una empresa a la que se lo entregó el año pasado, para reemplazarla por otra, en medio de un proceso que luce por lo menos desprolijo? Y que puede acarrear más costo político a su candidatura a vicegobernador junto a Omar De Marchi en La Unión Mendocina. Veamos por qué.

El negocio

El relleno sanitario de El Borbollón es el lugar en que los siete municipios del Gran Mendoza depositan los residuos cada día. Son unas 30.000 toneladas al mes. Para dimensionar cuánto lleva y paga cada uno, digamos que Ciudad de Mendoza abona cerca de 4.600 pesos por cada tn que lleva al lugar, y que el último mes acarreó cerca de las 6.000 tns promedio que lleva regularmente al relleno. Godoy Cruz paga un poco más, cerca de 4.750 pesos por tn, y el último mes depositó unas 7.500 tns. Las Heras tuvo bonificadas durante todo 2022 unas 8.000 tn mensuales. Parte del problema habría sido que este año, la municipalidad no tuvo dinero para pagar el canon. Maipú, Luján, Guaymallén y Lavalle no llevan todos sus residuos a este relleno.

El "formato" actual de este negocio comenzó a gestarse luego de un gran escándalo, cuando en enero de 2020 el intendente Daniel Orozco -que acababa de asumir su segundo mandato- les "cerró la tranquera" del relleno sanitario a los municipios del Gran Mendoza, porque los contratos estaban atrasados. Luego de varias negociaciones y días de nerviosismo, hubo un arreglo. Poco después venció el contrato de la firma TySA-LIME, de Pescarmona, que recolectaba residuos y los depositaba. Y se dividió la tarea. Unos serían los encargados de recolectar (finalmente, Santa Elena en la mayoría de los municipios), y otros, del manejo del relleno sanitario.

El reciclaje en Las Heras.

Cuando venció la concesión de TySA, no se podían hacer actos de licitación pública, otra de las locuras que vivimos en pandemia. La firma Selfix había hecho una oferta y se quedó con un contrato de cuatro meses desde enero de 2021, que se fue renovando hasta que en 2022 se licitó el manejo del relleno sanitario. Esa compulsa la ganó Selfix, que opera el relleno hasta ahora en medio de conflictos con la municipalidad y con reclamos cruzados. Sin embargo, esta pelea feroz entre la Municipalidad y Selfix tiene un condimento político importante. Orozco intenta quitarle la concesión a Alfredo Vila, sembrando sospechas sobre Francisco Lo Presti, con el objeto de "limarlo" porque es candidato a intendente por Cambia Mendoza. Así lo habrían dejado por escrito en las intimaciones que mandaron a la empresa que presta el servicio y lo consignó el juez en la medida protectiva dictada ayer. Pero al "dar vuelta la cancha", aparecen varias curiosidades.

La pregunta principal aquí es quién o quiénes querrían quedarse con el negocio de la basura a los codazos, mediante el contrato a una empresa que presentó el 14 de julio una "carta oferta no solicitada" (click aquí) que en realidad es el nuevo contrato con MAS MENDOZA SA, con defectos formales y admisiones extrañas. Una de ellas, es que ya venían "conversando" sobre esta propuesta (que incluye $1650 de canon por tonelada ingresada al relleno sanitario), y que la "nueva" firma ya conocía el predio. No tan nueva, en realidad.

Basura por combustible

En septiembre del año pasado, el intendente Daniel Orozco anunció un sistema de reciclado de residuos que aparecía como innovador. Hizo un acto al que invitó a varias figuras de la política y funcionarios del gobierno provincial. Se hizo en Tadicor. "Esta mañana, el intendente de Las Heras Daniel Orozco presentó junto a directivos de la empresa alemana Alengo, un innovador proyecto que prevé la construcción en 2023 de una planta de tratamiento de residuos urbano en el relleno sanitario de El Borbollón, que permitirá transformar la basura del Área Metropolitana provincial, en energía" decía la información oficial. La idea era "vitrificar" los residuos, "pelletizarlos" y exportarlos a Alemania para usarlos como combustible de plantas térmicas, pero con energía limpia. La materia no se crea ni se destruye, se transforma, decía Antoine Lavoisier. Ese principio fue padre y madre de la química moderna.

Antes de aquel anuncio, hubo muchas reuniones por zoom entre las autoridades municipales y los alemanes de Alengo. La inversión sería de 110 millones de euros y contemplaba la construcción de tres plantas para este nuevo reciclado en El Borbollón, donde unas 120 familias viven de recuperar residuos de las zonas más acomodadas de Mendoza.

Entre los numerosos asistentes a esa presentación de Daniel Orozco estaba Daniel Cabellier. Curiosamente la información oficial emitida por la Municipalidad de Las Heras no lo mencionó, pero sí algunas publicaciones. Ese Cabellier es la misma persona que apareció el martes pasado en el predio, pero no estaba consignado en el acta policial que se labró ese día. Cabellier tendría contactos previos en la municipalidad de Las Heras. El apuntado por diversas fuentes en este caso sería Pablo Petasny, el médico presidente de la empresa municipal EMOS SAU. Pero esa presunción no pudo ser confirmada. Daniel Cabellier podría ser la misma persona de negocios que en 2017 fue condenada por un asunto de corrupción con Letras del Tesoro de Tierra del Fuego. Después de un caso que duró 10 años, le habrían dado dos años de prisión en suspenso. Varios comerciantes y funcionarios fueron condenados por pagar y cobrar servicios que no se dieron al Estado, precisa "El Diario del Fin del Mundo". Otro Cabellier, Nazareno, es integrante de la firma MAS MENDOZA SA y presidente de su directorio y tendría o habría tenido un domicilio en Río Grande, Tierra del Fuego, donde Daniel Cabellier habría residido un tiempo.

Los pellets en que se iba a convertir la basura.

Luego de esta presentación que generó sorpresa entre los pares de Orozco y también en el gobierno, el tiempo comenzó a pasar sin grandes avances. Las tres plantas alemanas para convertir la basura en energía no se construyeron (de hecho la firma MAS MENDOZA SA promete hacerlo) pero habría detalles técnicos a considerar.

El 18 de noviembre del año pasado, hubo una suerte de conversatorio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo respecto de este proyecto. La promovió una red ambiental llamada RIAR, Red de Investigación y Acción sobre Residuos. Una de las expositoras fue la ingeniera Susana Llamas. Es ingeniera Industrial, doctora en Ingeniería, máster en Ingeniería Ambiental, y cinco renglones más de títulos. Cuando le tocó hablar, destrozó el proyecto por falta de datos, falta de antecedentes verificables de la empresa Alengo, por errores graves en la descripción del proceso, por vaguedades en la información, y porque la vitrificación de residuos -una técnica que según la ingeniera no habría progresado desde el año 2000- ofrece en su opinión, muchas limitaciones por la gran cantidad de energía que se necesita, porque algunos de los residuos como los metales no se pueden vitrificar, o no tendría sentido hacerlo porque se pueden reciclar y recuperar de otra manera. En el final de su alocución, que se puede ver en este video, la ingeniera Llamas dijo que este proyecto "sería lo mismo que me pidan a mí hacer una operación a corazón abierto". También hubo dudas sobre la alcalinidad de los residuos del relleno de El Borbollón, a causa de la composición del suelo. Ello haría poco viable el método.

Como sea, el proceso de "basura por energía" que sueña Orozco no está acabado, y quiere hacerlo a través de esta empresa MAS MENDOZA SA, aunque no está claro cómo van a seguir, luego de la decisión de "no innovar" que se dictó este lunes en un tribunal local. El juez les ha pedido todos los expedientes y documentos del caso tanto a Selfix como a la empresa municipal EMOS SAU, lo que incluye denuncias, actas, contratos, certificaciones, cartas documento que se cruzaron, la famosa "carta oferta" y todo lo que consideren de utilidad. También, la composición accionaria actual de las firmas que participan de esta pelea. Lo concreto es que Orozco y sus novedosos socios no pudieron mover -de momento- al concesionario al que le dieron la explotación del relleno sanitario en enero de 2021 por contratación directa y luego en febrero de 2022 por licitación, y por 20 años. El proceso de "recambio" aparece plagado de posibles irregularidades administrativas, probables faltas a la ley, algún "apriete", y denuncias de uso de documentación apócrifa que ahora la justicia debe dilucidar.

Como casi todo lo que ocurre con el poder local en Las Heras. Termina en caso judicial.