Por presuntas maniobras realizadas por dichos funcionarios para aprobar la reforma impositiva al tabaco.
Denuncia a Philip Morris y Massalin Particulares y a exfuncionarios de Macri
La Tabacalera Sarandí (TS), acusó a la empresa Philip Morris-Massalin Particulares y a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, por presuntas maniobras realizadas por dichos funcionarios para aprobar la reforma impositiva al tabaco que redujo las alícuotas para grandes corporaciones, e introdujo un impuesto mínimo perjudicando a las pequeñas y medianas empresas. .
La acusación fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 aduciendo que utilizaron reportes e información desactualizada y falsa para impulsar ese sistema impositivo, incluido en la reforma tributaria de la Ley 27.430.
La Tabacalera Sarandí señala que "en estos procesos participaron importantes ministros, secretarios, y directores de AFIP, ligados al macrismo, tendientes a favorecer prácticas monopólicas, y que además obtienen voluntades de funcionarios que no defienden los intereses de un país, sino de empresas extranjeras acostumbradas a girar cientos de millones de dólares por año, durante muchas décadas".
La compañía denunció irregularidades en el proceso al afirmar que dichos funcionarios del Estado Nacional "omitieron dar intervención a la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria - ley 27.260 - para que se analizara y evaluara el proyecto de ley".
La reforma tributaria de la ley 27.430 modificó la tasa general de impuestos internos, disminuyéndola del 75% al 70%, y estableció un impuesto mínimo fijo de $ 28,00 -actualizable- para cada envase de veinte unidades.
Esta reducción benefició exclusivamente a las grandes empresas que son las que comercializan las marcas más caras, por ejemplo, Marlboro; Phillip Morris; Benson & Hedges; Parliament; Virginia; L&M, todas de la firma Massalin Particulares.
Destacan que el aumento de impuestos establecidos por la ley no sólo no es un aumento de carácter general, sino que afectó exclusivamente y en forma desproporcionada a los cigarrillos de menores precios, y a las marcas más caras les redujo su tributación al reducir la tasa general del 75% al 70%.
Y apuntan que a las pymes como Tabacalera Sarandí que emplean a más de 300 familias, esto les genera una situación de quebranto porque, a diferencia de las grandes corporaciones, el impuesto interno absorbe completamente los ingresos obtenidos por las ventas.
El impacto negativo de la medida llevó a Tabacalera Sarandí, y otras Pyme, a presentar una medida cautelar para no tributar el impuesto mínimo y, a principios del mes de diciembre, la jueza federal Cecilia Gilardi de Negre falló en favor de la compañía al considerar inconstitucional el cobro de este impuesto a las pequeñas y medianas empresas del sector.
