Enzo Falaschi y Matías Morales permanecerán en sus casas de Mendoza, con tobillera electrónica, a la espera de que se resuelva su extradición al vecino país. Debieron pagar 10 millones de pesos de fianza.
El acusado, en un juicio abreviado, obtuvo apenas un poco más de la pena mínima (8 años de prisión) como condena por abusar sexualmente de un niño en situación de adoptabilidad que convivía con él.
Enzo Falaschi y Matías Morales están detenidos en Mendoza desde septiembre. La Justicia chilena los reclama para juzgarlos por un presunto abuso sexual. Mientras la Corte Suprema analiza la apelación, un juez federal mendocino concedió la extradición.
La denuncia del ataque sexual ocurrió en 2018. Desde aquel momento, el sospechoso permanecía prófugo en Europa. La Policía Federal con la ayuda de Interpol lograron la extradición hacia la Argentina, llegando a Buenos Aires este lunes.
La niña, que vivía con su progenitor, le contó a su mamá a través de WhatsApp que fue abusada desde los cuatro años. El hombre fue imputado y privado de su libertad.
El jugador de Independiente Rivadavia quedó libre de culpa y cargo en la causa del 2021. La víctima dijo que resignificó el hecho y en consecuencia, el fiscal instructor retiró la acusación.
La víctima atendía un local de ropa cuando fue sorprendida por los delincuentes. La asaltaron e intentaron abusarla.
Es apodado "La Bruja", tiene 48 años y ya cumplió dos condenas por abuso sexual. La denunciante, de 24, detalló agresiones sexuales que fueron consumadas con distintos objetos.
El caso se resolvió a través de un juicio abreviado, después de que un obrero rural oriundo de Nueva California confesara haber realizado el aberrante hecho en varias ocasiones entre 2022 y 2023.
Luego de un juicio anulado, el segundo debate lo condenó a 8 años y 6 meses de prisión por abusar sexualmente de su sobrina desde que tenía 11 años. La defensa apeló ante la Suprema Corte, pero ésta confirmó la pena.
La mujer, acusada de explotación sexual a cambio de dinero, aceptó los cargos en un juicio abreviado a cambio de 12 años de prisión.
El proyecto se debate en el Senado de Mendoza. Quieren prohibir la contratación de personas condenadas, incluso con penas en suspenso, y se fijan capacitaciones obligatorias para prevenir abusos.
