La organización de derechos humanos cuestionó el Decreto 681/2025 del Gobierno nacional, que suspendió la aplicación de la ley hasta contar con presupuesto. Ante eso, presentaron un amparo colectivo y piden la implementación inmediata de la ley.
Para Xumek, hay un "veto encubierto" a la Emergencia en Discapacidad
La Asociación Civil XUMEK presentó un amparo colectivo ante los Tribunales Federales de Mendoza para exigir la aplicación inmediata de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, luego de que el Poder Ejecutivo promulgara la norma pero suspendiera su vigencia a través del Decreto 681/2025.
La organización sostiene que la medida constituye un "veto encubierto" y vulnera derechos fundamentales de un colectivo en situación de especial vulnerabilidad.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei en septiembre establece que toda norma con gasto queda en pausa hasta contar con recursos específicos.
Para XUMEK, esa decisión contradice la Constitución, ya que el veto inicial a la ley fue rechazado por el Congreso, lo que hacía obligatoria su promulgación y puesta en marcha.
En diálogo con el Post, el abogado Juan Manuel Lavado Vargas, integrante de la organización y patrocinante de la acción junto a Leandro Rodríguez Pons, explicó: "Se trata de un amparo colectivo acompañado de una medida cautelar. Lo que buscamos es la implementación inmediata de la Ley 27.793 y que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 2 del decreto 681/2025".
Lavado Vargas remarcó que el planteo no es solo jurídico sino también social: "La aplicación inmediata de la ley significa un alivio para personas con discapacidad, sus familias, las instituciones y los trabajadores que las asisten. El sistema viene extremadamente atrasado desde 2023, con prestaciones que han quedado muy por debajo de los costos".
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El abogado sostuvo que el Poder Ejecutivo "vetó la ley, luego el Congreso rechazó ese veto y, al verse obligado a promulgarla, la condiciona a partidas presupuestarias aún inexistentes. Es una manera de frenar su implementación por otra vía, lo que constituye un veto encubierto".
La acción promovida en Mendoza busca además que el juez dicte una medida cautelar innovativa, es decir que suspenda los efectos del artículo 2 del decreto y garantice de manera urgente la plena vigencia de la norma.
Según la presentación, "el decreto no solo vulnera la división de poderes, sino que afecta directamente el derecho a la salud y a la protección especial que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a las personas con discapacidad".
El carácter colectivo de la acción se funda en el artículo 43 de la Constitución y la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema. El amparo colectivo representa a las personas con Certificado Único de Discapacidad vigente en Mendoza, sus familias y cuidadores, quienes fueron afectados en forma homogénea por la suspensión de la ley.
Mientras tanto, el expediente se encuentra en estudio en el Juzgado Federal N° 2 de la provincia y ya fue remitido a la Fiscalía Civil. "Estamos a la espera de una resolución que debería pronunciarse primero sobre la cautelar", indicó Lavado Vargas.
En paralelo, personas con discapacidad, familias e instituciones afectadas se autoconvocaron en Mendoza para respaldar la iniciativa, con una movilización realizada en Plaza España el pasado lunes.
Para los abogados, el amparo no solo pretende asegurar el financiamiento de las prestaciones, sino también reafirmar que los derechos fundamentales no pueden quedar subordinados a decisiones de oportunidad política ni a argumentos presupuestarios genéricos.
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