Debido a su alta demanda y los elevados costos administrativos, la verificación policial recibe críticas de usuarios y vecinos. En este marco, un diputado provincial presentó un pedido de informe al gobierno sobre el funcionamiento general de la planta.
Diputado pidió informes al Gobierno por la "verificación policial"
La Verificación Policial Vehicular en Mendoza continúa generando polémica e inquietud. Si bien es un trámite importante para garantizar la legalidad de los vehículos en circulación, su alta demanda y los elevados costos administrativos comenzaron a complejizar su realización.
Ante este panorama y la reciente publicación del Post, un diputado provincial presentó un pedido de informe en la Legislatura al Gobierno de Mendoza, solicitando aclaraciones sobre los costos asociados a la verificación y su funcionamiento en general.
Entre en las críticas, también se encuentran los reclamos vecinales de numerosas personas que habitan sobre la calle Pedro Vargas de Guaymallén, donde desde hace algunos años, se reubicó la planta verificadora y debido a la constante afluencia de vehículos, la vida cotidiana de vecinos y comerciantes se ve condicionada.
Verificar la planta
Precisamente, fue el diputado Gustavo Cairo de La Libertad Avanza, quien solicitó información sobre cómo se calculan los aranceles de verificación, cuestionando, entre otras cosas, la justificación del cobro de cargos adicionales como la "gestión administrativa" e "identificación del automotor".
De igual manera, la solicitud presentada, indaga sobre el proceso de adjudicación de la concesión a las plantas verificadoras, como así también, el rol del Estado provincial en los ingresos generados por este trámite y solicita información sobre la existencia o no de medidas que busquen reducir o eliminar los costos administrativos.
El costo inicial del trámite para solicitar un turno, dependiendo del caso, ronda o supera los 40.000 pesos. A esto se le suman pagos adicionales al ingresar el vehículo al box de verificación, lo que hace que el total final se ubique entre los 80.000 y 90.000 pesos, es decir, hasta tres veces el valor de una Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que cuesta cerca de 30.000 pesos para autos particulares.
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En este contexto, la solicitud de información presentada por el diputado subraya que los costos de la verificación, en algunos casos, superan también los de la propia transferencia del vehículo. De esta manera, se menciona como ejemplo, el caso reciente de un vehículo modelo 2008, cuya transferencia costó 85.000 pesos, monto similar al de los pagos realizados por la verificación vehicular.
La planta y los vecinos
A pesar de las críticas, desde la planta verificadora ubicada en Guaymallén, única en el Gran Mendoza, aseguran que el trámite es ágil y ha mejorado significativamente en los últimos años gracias a la digitalización.
Con 16 boxes disponibles, se menciona que es posible gestionar alrededor de 300 vehículos diarios. Al mismo tiempo, aunque los casos son poco frecuentes, indican que se detectan irregularidades en algunos autos, y en esos casos, se coordina con la policía para secuestrar los vehículos involucrados e iniciar el proceso judicial correspondiente.
Por su parte, los vecinos de la zona reniegan con el funcionamiento de la planta debido al caos vehicular y la "falta de control" por parte de la municipalidad de Guaymallén.
En esta dirección, las personas que habitan en las viviendas cercanas a la planta, aseguraron al Post que la fila de autos bloquea accesos a viviendas y comercios cercanos y que, a pesar de haber presentado una solicitud formal al intendente con más de 200 firmas el año pasado, no han recibido respuestas por el momento.
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