La Justicia ratificó la pena por abuso de autoridad en un caso de violencia de género y ordenó que la reparación económica se defina en el mismo proceso, sin otro juicio.
Un empleado de la UNCuyo hostigaba a una empleada y ahora la indemnizará
La Justicia confirmó la condena contra un empleado de la Universidad Nacional de Cuyo por abuso de autoridad en un contexto de violencia de género y dispuso que deberá pagar una indemnización a la víctima por los daños que le causó.
El fallo ratifica una pena de cuatro meses de prisión condicional contra Osvaldo Nicolás Pulenta, quien trabajaba en un área administrativa vinculada a recursos humanos dentro de la universidad.
El caso comenzó con la denuncia de una trabajadora de la UNCuyo. Según se comprobó en la investigación, los hechos arrancaron en 2018 con un acercamiento del acusado que se transformó en conductas insistentes, invasivas y no deseadas.
El hostigamiento ocurrió principalmente en el trabajo, donde el hombre combinaba momentos de aparente cordialidad con situaciones de maltrato. También buscaba coincidir con la víctima fuera del ámbito laboral, anotándose en actividades donde ella participaba.
Durante la pandemia, la situación continuó mediante mensajes personales, lo que aumentó la angustia y el miedo de la denunciante.
Un punto clave del caso es que el acusado tenía influencia en decisiones laborales, como la renovación de contratos. Eso generaba una relación desigual y reforzaba el temor de la víctima a sufrir consecuencias en su trabajo.
La investigación también reveló un ambiente laboral atravesado por comentarios inapropiados y situaciones naturalizadas de violencia, como la circulación de contenido sexual, lo que terminó aislando a la denunciante.
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Frente a esto, la mujer realizó denuncias tanto dentro de la universidad como en la Justicia. Se activaron medidas de protección, se inició un sumario interno y se aplicaron sanciones.
En el juicio, realizado en marzo de 2025, se determinó que no se trató de hechos aislados, sino de una conducta repetida y sostenida en el tiempo, con impacto en la vida personal, laboral y emocional de la víctima.
En ese momento, el tribunal había impuesto la condena, pero no fijó una indemnización, al considerar que debía reclamarse en otro proceso civil. Esa decisión fue revisada ahora.
La Justicia entendió que la reparación económica puede resolverse en este mismo expediente, sin obligar a la víctima a iniciar otro juicio, ya que eso implicaría volver a atravesar una situación desgastante.
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