¿Sirve en Mendoza?: el "plan" sanjuanino para frenar un delito ambiental

El gobierno sanjuanino dispuso una medida en todo el territorio provincial que en Mendoza rige desde el año 2005. Los detalles.

¿Sirve en Mendoza?: el "plan" sanjuanino para frenar un delito ambiental

Por: Florencia Silva

Las novedades sobre rescates de aves y fauna protegida que se hallaba en cautivero y con fines de comercialización clandestina, son habituales. En este contexto, la provincia de San Juan decidió una medida que busca ponerle fin a este delito que también se reitera en Mendoza. A través de una resolución de la Secretaría de Ambiente de esa provincia, prohibieron la comerciación, distribución y tenencia de jaulas tipo tramperos.

 "Los tramperos son dispositivos utilizados para capturar animales silvestres en libertad, afectando su conservación y diversidad. La decisión se fundamenta en la Ley N.° 606-L, que protege la flora y fauna provincial, y en la Ley N.° 607-L, que establece el régimen sancionatorio ante su vulneración", detallaron al respecto desde el organismo, según publicó Tiempo de San Juan.

En San Juan y en Mendoza es delito tener jaulas tramperas para atrapar especies protegídas.

La Resolución 162-SEAyDS-2025 establece que, en un plazo de 60 días a partir de su entrada en vigencia, quienes posean o comercialicen tramperos deberán destruirlos o adaptarlos a jaulas ordinarias que no puedan usarse como trampas. Vencido este plazo, la Secretaría de Ambiente implementará controles, secuestro y destrucción de los tramperos.

Ver: Iscamen rescató aves que tenían como destino el comercio ilegal

Además, se creará un registro de infractores y de los elementos de caza decomisados, con el objetivo de reforzar las acciones de fiscalización y conservación. Lo que no detalla la normativa es como harán para chequear que efectivamente quienes posean este tipo de jaulas, las declaren y cumplan con la regla.

Esta disposición rige en Mendoza desde el año 2005, a través del artículo 20, decreto reglamentario 1.890 del decreto ley 4.602. No obstante, en los últimos diez años se ha realizado más de 5.000 intervenciones que han resultado en el rescate de más de 16.000 animales provenientes de este crimen ambiental. A pesar de los esfuerzos, muchos de estos animales llegan en condiciones críticas y otros son víctimas de la caza furtiva reflejando el maltrato sufrido.