El Gobierno neuquino cuestiona con dureza un fallo que obliga al Consejo Provincial de Educación a pagar más de 175 millones de pesos por la lesión leve de una niña en una escuela de Chos Malal. El Ministerio habla de un monto "ilícito e inmoral" y recurrió a la Casación.
Se fracturó en la escuela y le pagaron una indemnización récord
Un accidente escolar ocurrido hace más de cinco años en Chos Malal derivó en una sentencia que el Ministerio de Educación de Neuquén considera desproporcionada y jurídicamente errada.
El juez Carlos Choco fijó una indemnización superior a $175 millones que deberá pagársele a la madre de una niña que, a los 7 años, sufrió una fractura de tibia sin desplazamiento durante una clase de educación física en la Escuela 254.
Desde la cartera que conduce Soledad Martínez sostienen que la resolución constituye un "enriquecimiento sin causa" y que genera un perjuicio directo al patrimonio público.
La sentencia de primera instancia fue emitida en abril de 2025 y luego confirmada por la Cámara de Casación en noviembre, lo que llevó al Gobierno a presentar recursos extraordinarios para intentar revertirla, según publicó La Mañana de Neuquén.
El Estado provincial argumenta que el magistrado asumió competencia sin corresponderle, ya que la responsabilidad del Estado está regulada por el fuero contencioso-administrativo. Sostiene además que la fórmula utilizada para calcular el daño económico se basó en parámetros propios, sin respaldo normativo, y que aplicó una proyección de incapacidad desde los 7 hasta los 68 años, excediendo incluso la edad laboral prevista por la legislación vigente.
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Otro punto central del conflicto es que el accidente ya había sido cubierto por Sancor Seguros. En marzo de 2020, el padre de la niña firmó un convenio por el que recibió poco más de $10 mil, declarando estar plenamente resarcido y renunciando a futuros reclamos contra la aseguradora, el CPE o la escuela. Tanto Sancor como el Estado provincial invocaron la cosa juzgada, pero el juez decidió avanzar, interpretando que el vínculo educativo podía encuadrarse en la Ley de Defensa del Consumidor, criterio que la provincia consideró improcedente.
En sus recursos, las abogadas del Ministerio remarcan que no se acreditó una falta de servicio estatal, que no quedó clara la mecánica del accidente ni el elemento que provocó la lesión, y que el magistrado habría suplido con inferencias la ausencia de pruebas concretas. También cuestionan la valoración de la pericia psicológica y el monto asignado al daño moral, que aun tras una reducción de la Cámara quedó fijado en 12 millones de pesos, cifra que consideran injustificada para un episodio catalogado como leve.
El caso suma tensión porque Choco ya fue objeto de polémica por fallos de alta cuantía en reclamos laborales del sector petrolero. En esos expedientes se investigan supuestas maniobras con pericias que otorgaron incapacidades incompatibles con la actividad real de los trabajadores. El juez, además, tiene una sanción firme por su intervención en el expediente del doble femicidio de Las Ovejas, donde fue castigado por omitir medidas preventivas.
El Ministerio de Educación dejó planteada la reserva federal, por lo que no descarta acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si la instancia provincial no revierte el fallo. Mientras tanto, la controversia por una fractura escolar que derivó en una indemnización récord promete seguir escalando en los pasillos judiciales de Neuquén.
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