Sanción inicial para el proyecto de regalías mineras en Mendoza

 La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles el proyecto de regalías mineras, en el marco de la discusión de cuatro iniciativas vinculadas al desarrollo del sector. El primero en recibir aval fue el del Fondo de Compensación Ambiental, luego avanzó el esquema de regalías y aún quedan por tratarse los proyectos de Malargüe  Distrito Minero y San Jorge. La iniciativa se aprobó por 39 votos afirmativos y 6 negativos.

La norma actualiza el sistema provincial y lo adecúa a la Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras, que fija un tope del 3% sobre el valor boca mina. Según el Gobierno, este esquema permite sostener la competitividad, evitar desalentar proyectos y mejorar la recaudación a través de herramientas de trazabilidad y control.

El proyecto define que la recaudación se distribuirá entre la Provincia y los municipios que adhieran. Los fondos locales podrán destinarse a obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva, con el objetivo de que la renta minera se traduzca en beneficios visibles para las comunidades.

Una parte de los recursos provinciales se dirigirá al Fondo de Desarrollo Socioambiental, orientado a financiar monitoreo ambiental, fortalecer capacidades institucionales y promover la participación ciudadana en el seguimiento de los proyectos. Este enfoque busca apuntalar la licencia social para la actividad.

En materia de transparencia, la ley obliga a las empresas a presentar declaraciones juradas trimestrales con información técnica, contable y productiva. También prevé auditorías, verificaciones presenciales y determinaciones de oficio ante inconsistencias, junto con sistemas digitales que permitan seguir en tiempo real el recorrido del mineral desde la extracción hasta la comercialización.

El texto incorpora incentivos para iniciativas que desarrollen procesamiento y transformación dentro de Mendoza, así como beneficios para quienes cumplan estándares ambientales e inclusión social. El objetivo es promover empleo local, proveedores regionales y mejores prácticas de sostenibilidad.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería, con facultades para inspecciones y acceso a documentación técnica. El Gobierno señala que el nuevo marco apunta a darle previsibilidad, mejorar la distribución de la renta y acompañar los parámetros nacionales para el desarrollo del sector.