El Jury de Enjuiciamiento la había suspendido, también porque fue denunciada por desorden de conducta. Este martes la magistrada le presentó su demisión al Poder Ejecutivo, a cargo en este momento de la vicegobernadora, Hebe Casado, por el viaje de Cornejo a Europa.
Renunció una defensora oficial del Sur acusada de mal desempeño
La defensora oficial Romina Crisafulli presentó su renuncia ante el Poder Ejecutivo provincial y dejó la titularidad de la Primera Defensoría Oficial Penal de Adultos de la Segunda Circunscripción Judicial (San Rafael, General Alvear y Malargüe). La decisión se formalizó un mes después de que el Jury de Enjuiciamiento resolviera suspenderla e iniciar un proceso de destitución por mal desempeño y desorden de conducta.
La salida de Crisafulli se produjo en medio de un expediente administrativo que la defensora general de la provincia, Cecilia Saint André, había impulsado con una denuncia que describió la conducta de la funcionaria. La presentación detalló más de 130 inasistencias sin justificación y el uso reiterado de certificados médicos que, según la investigación, fueron firmados por un profesional sin habilitación para ejercer la medicina.
El sumario también señaló que Crisafulli abandonó sus tareas en las oficinas judiciales de San Rafael. De acuerdo con las actuaciones, se mudó fuera del departamento sin informar a sus superiores y dejó de cumplir con las funciones vinculadas a la defensa pública de personas adultas sometidas a proceso penal.
Frente a estos elementos, el Jury de Enjuiciamiento, integrado por miembros de la Suprema Corte y legisladores provinciales, decidió su suspensión preventiva. La resolución incluyó su apartamiento del cargo y la retención del 50% de sus haberes mientras avanzaba el juicio político que debía determinar una posible destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Con la renuncia ingresada a la Casa de Gobierno, Crisafulli buscó el cierre del trámite disciplinario. Si el Poder Ejecutivo aceptaba la dimisión, el Jury de Enjuiciamiento perdía competencia para seguir con el proceso y ya no podía dictar una sentencia de destitución ni imponer sanciones posteriores. Las actuaciones quedaron condicionadas a la decisión política del Gobierno provincial sobre la aceptación del alejamiento voluntario, que en los ámbitos oficiales se dio por hecha.
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