Se trata de un proyecto que presentó el diputado Gustavo Cairo (LLA). Cuáles son los fundamentos.
Buscan limitar la prisión preventiva en casos de violencia de género y abuso
El diputado provincial Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley que busca limitar la aplicación de la prisión preventiva en casos de violencia de género y abuso sexual. La propuesta apunta a que esta medida solo pueda dictarse cuando existan "pruebas objetivas y científicas" que acrediten de manera inicial la existencia del delito y la autoría.
Cairo explicó al Post que su iniciativa surgió por la cantidad de casos en los que, según él, se dicta prisión preventiva "ante la mera denuncia", especialmente contra varones. "Hay como un sesgo de una parte de la Justicia mendocina, que ante la denuncia de la esposa, la pareja, directamente meten preso al denunciado con prisión preventiva, sin ninguna prueba", afirmó.
El legislador aclaró que su propuesta no modifica las causales generales de prisión preventiva -como la flagrancia o el peligro de fuga-, sino que se enfoca en delitos de abuso sexual y violencia de género, en los que "se ha dado un abuso, sin consecuencias para los denunciantes, con perjuicio serio para muchos denunciados que son inocentes", sostuvo.
El diputado libertario pide que se exijan pruebas científicas antes de encarcelar.
El proyecto propone agregar un nuevo inciso al artículo 293 del Código Procesal Penal de Mendoza, que establezca que no se podrá imponer prisión preventiva "si no se tienen pruebas objetivas y científicas, que acrediten prima facie la existencia del hecho y su autoría", y aclara que las pericias psicológicas no se considerarán prueba objetiva.
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Sobre qué tipo de pruebas serían consideradas válidas según el criterio que quiere establecer, Cairo mencionó ejemplos como mensajes de WhatsApp, registros de cámaras de seguridad o evidencias digitales verificables, que puedan dar respaldo a la denuncia. "Si no, investigá primero y después lo metés preso. No lo metás preso de una y que esté cinco meses, un año, dos, tres encerrado, para que después te des cuenta de que no había ninguna prueba", afirmó.
"Denunciar es gratis en Mendoza", advirtió Cairo.
Cairo mencionó casos concretos que, a su entender, reflejan "errores judiciales graves", como el de Nelson Madaf en San Luis, quien en la década de 1990 estuvo preso tres años por supuestamente asesinar a su pareja, quien había desaparecido, y sufrió torturas y vejámenes de todo tipo antes de que la presunta víctima apareciera viva.
"Hay muchos presos actualmente en Mendoza con prisión preventiva y después a muchos los sobreseen y los dejan libres. No solamente en el ámbito de la pareja: le pasó al director de una escuela que estuvo unos meses preso y fue abusado en la cárcel. Después fue sobreseído por falta de pruebas, porque no había pruebas", citó Cairo.
El riesgo para las denunciantes
Ante la consulta sobre el peligro que podría implicar para la víctima que su agresor esperara el proceso en libertad, el diputado respondió que en esos casos deberían aplicarse otras medidas de protección, como restricciones de acercamiento, tobillera electrónica o prisión domiciliaria, pero no el encarcelamiento preventivo sin pruebas sólidas. "Si hubiera un peligro cierto y evidente, habría que tomar otro tipo de medidas, pero no meterlo preso", indicó.
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