El Decreto 48 fue publicado este jueves 19 de febrero en el Boletín Oficial de Mendoza. La Provincia considera que el pago fue otorgado de manera ilegítima y ordenó iniciar acciones judiciales.
El Gobierno demandará a un policía por el cobro indebido de un adicional
El Gobierno de Mendoza dispuso iniciar acciones legales contra un oficial de la Policía provincial por el cobro de un adicional salarial vinculado a un título universitario. La medida quedó formalizada en el Decreto N° 48, publicado este jueves 19 de febrero en el Boletín Oficial.
La norma lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo y de la ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus, y ordena a la Asesoría de Gobierno que inicie una demanda contra un oficial de la Policía.
El caso se remonta a febrero de 2022, cuando el entonces Ministerio de Seguridad emitió la Resolución 190-S. A través de esa medida se había hecho lugar al reclamo del efectivo para percibir el adicional correspondiente al título de Licenciado en Niñez, Adolescencia y Familia, con retroactividad al 20 de agosto de 2021.
Sin embargo, tras un análisis jurídico posterior, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio concluyó que esa resolución presentaba un "vicio grave o grosero", al haber sido dictada con exceso de facultades reglamentarias. Además, sostuvo que la decisión generó un perjuicio económico para el Estado provincial.
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Como la resolución ya había adquirido estabilidad administrativa y no podía ser revocada de oficio, la ministra declaró en octubre de 2025 que el acto era "lesivo a los intereses públicos" por razones de ilegitimidad, paso necesario para poder avanzar en la Justicia.
Qué dispone el decreto
El Decreto 48 instruye formalmente a la Asesoría de Gobierno para que, en representación de la Provincia, inicie las acciones legales correspondientes contra el efectivo policial.
Además, faculta al Asesor de Gobierno a evaluar la pertinencia y conveniencia de promover la demanda, teniendo en cuenta la normativa sobre prescripción, es decir, los plazos legales para reclamar eventuales montos abonados.
El Ejecutivo provincial sostiene que el adicional salarial fue concedido de manera indebida y ahora buscará que la Justicia determine su nulidad y, eventualmente, el recupero de los fondos pagados.
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