Escandalosos hallazgos en la auditoría de las pensiones por discapacidad

La revisión uno a uno de los beneficiarios arrojó enfermedades inexistentes, favores de agrupaciones políticas y hasta varios prófugos que se presentaron para seguir cobrando el subsidio.

Escandalosos hallazgos en la auditoría de las pensiones por discapacidad

Editó: Ana Montes de Oca

La auditoría sin precedentes que comenzó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expuso un sistema plagado de irregularidades en la entrega de pensiones no contributivas por discapacidad. 

El operativo incluyó la verificación de más de 1,2 millones de beneficiarios con Certificado Único por Discapacidad (CUD), cifra que asciende a 1,8 millones si se contempla el universo total. Los hallazgos son alarmantes y revelan no solo fallas administrativas sino también un entramado de corrupción y fraude que ya es investigado por la Justicia.

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Por orden del titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, los beneficiarios convocados debieron asistir personalmente a validar su situación. Fue esta modalidad la que permitió detectar situaciones increíbles: en la provincia de Buenos Aires, una mujer se presentó disfrazada de hombre intentando suplantar a su esposo fallecido. Ahora se investiga por qué no existía el certificado de fallecimiento del hombre. 

Además, 331 prófugos de la Justicia asistieron a las auditorías sin saber que serían identificados por los peritos. De ellos, 33 fueron puestos a disposición judicial y 14 quedaron detenidos en un solo operativo. Uno de ellos tenía ocho causas penales activas.

Todos los datos de la auditoría fueron remitidos al fiscal federal Guillermo Marijuan, quien ya avanza en una causa penal que podría escalar con rapidez.

Patrones de fraude

Los casos relevados exponen un patrón de irregularidades que involucra a médicos, funcionarios y organizaciones intermedias. Entre los casos detectados, hay:

Un hombre se presentó con cuatro diagnósticos distintos, acompañado por un abogado. 

Varios beneficiarios alegaron haber recibido el beneficio a través del Movimiento Evita.

Dos personas que cumplen condenas vigentes lograron acceder a la pensión. Incluso se presentó una persona con tobillera electrónica y arresto domiciliario que no fue controlada por la policía. 

Un beneficiario de La Matanza accedió a la pensión en solo tres días, pese a que su auditoría médica fue desfavorable.

En Chaco, una mujer cobró pensión por una supuesta amputación del brazo que nunca ocurrió. También se detectaron varios casos de cáncer de mama inexistentes.

Una misma radiografía de hombro fue utilizada para justificar 150 pensiones diferentes.

Una mujer admitió que no tenía enfermedad alguna y que su empleadora gestionó la pensión para evitar pagarle un sueldo.

Por otro lado, el Gobierno envió 470.000 cartas documento para exigir la validación de datos, pero 221.189 no pudieron ser entregadas por direcciones erróneas o rechazos. Además, se detectaron 928 personas fallecidas que seguían cobrando la prestación y 100 personas que renunciaron al beneficio tras recibir la citación.

Así comenzó a descubrirse el fraude

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