Suspenden más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral

El Gobierno nacional informó este viernes que dio de baja más de 110 mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral tras detectar que habían sido otorgadas de manera irregular. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisó que la medida fue impulsada por la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) luego de un relevamiento que detectó beneficiarios que no cumplían con los requisitos o que no se presentaron a las revisiones correspondientes.

Del total, 110.522 pensiones fueron suspendidas por irregularidades, mientras que otras 8.107 correspondían a personas fallecidas y 10.038 a casos en los que el beneficiario renunció voluntariamente. Según estimaciones oficiales, la depuración representará un ahorro cercano a los 35 mil millones de pesos por mes, al tiempo que busca redirigir los fondos hacia quienes realmente cumplen con las condiciones establecidas.

En el marco de la investigación, se detectaron maniobras fraudulentas como el uso de estudios médicos idénticos para tramitar distintas solicitudes, con especial incidencia en provincias como Tucumán y Chaco. Las autoridades remarcaron que las bajas no afectarán a menores de edad ni a personas ya auditadas en el último año, y que se continuará con el control para garantizar la transparencia del sistema.

Las cifras históricas muestran un fuerte crecimiento de este beneficio en las últimas dos décadas. Entre 2003 y 2015, las pensiones por invalidez pasaron de 79 mil a 1.045.000. Luego se redujeron levemente durante el gobierno de Mauricio Macri, para volver a incrementarse en los años siguientes, alcanzando 1.222.000 en diciembre de 2023. Actualmente, el 4,6% de la población activa del país recibe este tipo de pensión, una proporción superior a la de países como Israel, donde es del 3,5%.

Desde el oficialismo, se vinculó esta depuración con la necesidad de frenar lo que describen como un "sistema corrupto" que habría favorecido la entrega indiscriminada de pensiones en el pasado. Además, cuestionaron la decisión del Congreso de rechazar el veto presidencial a una ley que ampliaba el presupuesto para discapacidad, advirtiendo que su implementación podría elevar el gasto público en más de dos billones de pesos en 2025 y afectar otros programas sociales como Incluir Salud.

La ANDIS aseguró que el operativo busca garantizar la equidad y la correcta asignación de los recursos, subrayando que las pensiones seguirán llegando a quienes realmente las necesitan. "No se trata de quitar derechos, sino de protegerlos", señalaron desde el organismo, al tiempo que ratificaron la continuidad de los controles para evitar nuevas irregularidades