El cambio que definiría cuándo la policía puede sacar el arma

La Ley 6722 de Seguridad Pública, que regula el accionar de la policía de Mendoza, podría incorporar cambios destinados a definir con mayor claridad en qué situaciones un efectivo puede sacar o usar su arma de fuego. El eje de la modificación está puesto en precisar el concepto de "peligro inminente", una de las condiciones clave que habilitan el uso de fuerza letal.

El proyecto ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y posteriormente fue analizado por el Senado de Mendoza, donde se incorporaron algunas modificaciones al texto. Por ese motivo, el expediente regresó a la Cámara Baja para su revisión final antes de quedar en condiciones de convertirse en ley.

Actualmente, la ley provincial ya establece que la policía puede utilizar la fuerza y, en casos extremos, armas de fuego, pero lo hace bajo principios generales. Es decir, permite su uso en situaciones como legítima defensa, protección de terceros o cuando existe un riesgo grave para la vida o la integridad física, pero no define con demasiado detalle cuándo exactamente se considera que ese peligro es inminente. Esa falta de precisión hace que muchas decisiones queden sujetas a interpretaciones posteriores, tanto administrativas como judiciales.

El proyecto que impulsan los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas busca justamente aclarar esos criterios. La propuesta establece parámetros más concretos para determinar cuándo existe "peligro inminente", una condición clave para que un efectivo pueda utilizar su arma de fuego. La idea es que haya un marco más claro para el accionar policial, de modo que el uso del arma no quede librado únicamente a interpretaciones posteriores.

Otro cambio importante es que el proyecto fija reglas más explícitas sobre la identificación y la advertencia previa antes de disparar. La normativa propone que, en principio, el policía debe identificarse y advertir antes de usar el arma. Sin embargo, también incorpora una excepción: si dar esa advertencia genera un riesgo mayor para el propio agente o para terceros, el uso del arma podría realizarse sin ese aviso previo. Esto busca contemplar situaciones críticas como ataques armados o amenazas inmediatas.

Además, el texto también introduce modificaciones vinculadas a las funciones del personal policial, reforzando el rol preventivo de la fuerza. En ese sentido, se detallan tareas relacionadas con la observación, vigilancia y prevención de conflictos en espacios públicos, algo que en la ley vigente aparece de manera más general.

Sin embargo, el cambio más novedoso del proyecto no está directamente ligado al uso de armas, sino a la posibilidad de convocar nuevamente a policías retirados. La legislación actual no regula de manera precisa cómo se puede reincorporar a estos efectivos ni qué condiciones deben cumplir. El proyecto incorpora un nuevo artículo que habilita formalmente a la administración a convocar a personal retirado altamente calificado para cumplir tareas dentro de la fuerza.

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La iniciativa establece además cómo se les pagará y qué funciones podrán desempeñar. Si el policía retirado es convocado para tareas de conducción o funciones directivas, podrá percibir hasta el 100% de la asignación correspondiente al grado que tenía al momento de retirarse. En cambio, si se lo convoca para otras funciones vinculadas al servicio, como tareas administrativas o de apoyo, la remuneración podrá ser de hasta el 80% de ese mismo salario.

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