La ministra de Seguridad instó a Diputados a incluir en el temario el proyecto que reduce la edad de responsabilidad penal a 14 años. El oficialismo busca aprobarlo antes del 30 de noviembre o, si no hay tiempo, durante las sesiones extraordinarias.
Bullrich pidió tratar la baja de la edad de imputabilidad antes de fin de año
La ministra de seguridad Patricia Bullrich estuvo presente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el Bertie Benegas Lynch, y dio una exposición sobre la baja de la edad de imputabilidad.
"Pedimos que se incluya en el temario porque es muy importante. Hay un dictamen de mayoría que busca evitar que los menores ingresen en el delito", expresó Bullrich, quien anticipó que el objetivo es avanzar antes del cierre del actual período legislativo, el 30 de noviembre, o en el marco de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.
Más allá de que su visita estaba centrada en explicar el presupuesto 2026 para Seguridad, la funcionaria aprovechó para hacer un balance político de su gestión: "El que las hace, las paga no fue un lema de campaña. Es una definición de gobierno. Marca la frontera entre la impunidad y la ley. Sin seguridad no hay libertad".
Bullrich fue recibida con aplausos por diputados libertarios, del PRO y radicales, que destacaron su reciente triunfo electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde encabezó la lista libertaria que obtuvo el 50,29% de los votos.
El proyecto del Régimen Penal Juvenil
El proyecto impulsado por La Libertad Avanza, con el apoyo del PRO y parte de la UCR, propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo dictamen el 6 de mayo.
El nuevo régimen establece sanciones escalonadas y prioriza medidas educativas y restaurativas que apunten a la rehabilitación del adolescente. Entre las acciones previstas se incluyen asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitaciones laborales.
También se contemplan sanciones alternativas, como amonestaciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima.
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La privación de libertad quedará reservada para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena y la posibilidad de acceder a una sustitución parcial después de cumplir dos tercios de la pena.
El proyecto establece que los adolescentes deberán ser alojados en institutos especializados, con personal capacitado y sin contacto con adultos. En caso de detención, los módulos estarán diferenciados por edad, salud o situación procesal, garantizando el acceso a educación, salud, recreación, cultura y religión.
Además, todo el personal deberá estar formado en infancia y adolescencia.
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