Un proyecto en discusión propone modificar conceptos clave de la ley vigente. Una especialistas advirtió por Radio Post FM 92.1 sobre el impacto en pacientes, familias y el sistema de salud.
Salud mental: el cambio que podría redefinir internaciones y tratamientos en Argentina
La discusión sobre la salud mental volvió al centro de la agenda pública tras conocerse los lineamientos de un posible cambio en la legislación nacional. Aunque todavía no hay un texto oficial presentado en el Congreso, las definiciones que trascendieron desde el Ministerio de Salud ya generaron reacciones dentro del ámbito profesional.
En diálogo con Radio Post FM 92.1, la psicóloga clínica Silvia Papuchado -vicepresidenta del capítulo de políticas públicas de la Asociación Argentina de Psiquiatría- respaldó varios de los ejes anticipados. Según explicó, uno de los puntos centrales es dejar de hablar de "padecimiento" para referirse directamente a enfermedad mental, un cambio que, a su entender, implica reconocer la necesidad de diagnóstico y tratamiento médico.
Un cambio de enfoque en la ley
Papuchado consideró que esta modificación no es menor. "Nombrar correctamente permite darle entidad clínica y evitar minimizar situaciones que requieren intervención", planteó durante la entrevista.
Otro de los aspectos más debatidos es el de las internaciones involuntarias, que hoy generan tensiones entre quienes priorizan la autonomía del paciente y quienes sostienen que, en ciertos casos, es necesario intervenir para resguardar la vida. Para la especialista, el criterio debería centrarse en el riesgo real que una persona representa para sí misma o para terceros, especialmente cuando no tiene conciencia de su cuadro.
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En ese sentido, sostuvo que la internación debe ser un último recurso, pero válido en escenarios críticos. Aclaró, además, que la mayoría de los diagnósticos -como depresión, trastorno bipolar o incluso esquizofrenia- pueden tratarse de forma ambulatoria con seguimiento profesional.
Falta de recursos y desigualdad
El debate también expone una problemática estructural: la falta de profesionales y espacios adecuados en distintas regiones del país. Papuchado reconoció que en ciudades como Buenos Aires hubo avances, como la apertura de salas de internación en hospitales generales, pero advirtió que la realidad en el interior es muy distinta.
En provincias como Mendoza, según se planteó en la entrevista, conseguir atención pública o incluso privada resulta cada vez más difícil. Los costos de las consultas y la escasez de especialistas generan barreras que muchas familias no pueden superar.
Frente a este escenario, la especialista remarcó la necesidad de fortalecer el sistema y ampliar la presencia de equipos interdisciplinarios, sin dejar de reconocer el rol central del médico en situaciones críticas. También cuestionó el estigma que, según indicó, afecta especialmente a los psiquiatras, lo que influye en la falta de profesionales en el área.
Qué pasaría con las internaciones
Uno de los cambios más relevantes que se analizan apunta a modificar el criterio de "riesgo cierto e inminente", utilizado actualmente para habilitar una internación involuntaria. La propuesta buscaría evaluar el contexto completo del paciente, incluyendo antecedentes y testimonios del entorno, sin esperar a una situación límite.
Además, se plantea simplificar el proceso, evitando la judicialización inmediata en todos los casos. La idea es que la evaluación médica y del equipo interdisciplinario tenga mayor peso en la decisión, con posterior intervención judicial.
También se revisaría la posibilidad de que un paciente internado pueda pedir el alta por voluntad propia. En el esquema actual, esto suele habilitar la salida aun cuando persisten riesgos, algo que, según Papuchado, deja a familias y profesionales en una situación de vulnerabilidad.
El desafío después del alta
Más allá del debate legal, la especialista puso el foco en un punto clave: la continuidad del tratamiento. Según explicó, la enfermedad mental no se resuelve con una internación breve, sino que requiere seguimiento, acompañamiento y dispositivos de contención.
En muchos casos, la falta de estas instancias termina empujando a las personas a circuitos críticos, como la calle o el sistema penal. "El problema no es solo la internación, sino qué pasa después", resumió.
Desde su mirada, el nuevo marco legal debería contemplar no solo el acceso a la atención, sino también la articulación entre el Estado, los profesionales y las familias para sostener procesos de recuperación a largo plazo.
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