La nueva legislación fija sanciones económicas y tareas comunitarias para adultos responsables que incumplan el deber de "orientación, diálogo, vigilancia o cuidado".
Mendoza ya puede sancionar a padres de chicos que hagan bullying escolar
Mendoza puso en vigencia la legislación que refuerza la lucha contra el bullying en las escuelas y apunta directamente a la responsabilidad de las familias.
La normativa incorpora nuevos artículos al Código de Contravenciones y habilita sanciones para padres, madres o tutores que, tras ser notificados por la institución educativa, no actúen frente a conductas de acoso escolar cometidas por menores de edad.
La medida quedó formalizada a través de la Ley Nº 9682, sancionada por la Legislatura provincial y publicada en el Boletín Oficial. El nuevo artículo 100 bis establece que los adultos responsables que incumplan el deber de orientación, diálogo, vigilancia o cuidado, o que no adopten acciones para evitar la reiteración del daño, podrán recibir multas de entre 1.500 y 3.000 Unidades Fijas, o bien cumplir tareas educativas o comunitarias por un plazo de hasta 30 días.
Además, la ley determina un destino específico para el dinero recaudado. Los fondos provenientes de las multas se asignarán al Fondo Provincial creado para la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar dentro de la Dirección General de Escuelas, y también al fortalecimiento de Bibliotecas Populares en todo el territorio mendocino.
También te puede interesar: Por qué reprogramaron la apertura de sobres del nuevo Acceso Este
En cuanto al procedimiento, la escuela continúa siendo la primera instancia de intervención. Según uno de los artículos, las autoridades educativas deberán aplicar el protocolo vigente y dejar constancia de las acciones realizadas. Solo cuando fracase esa instancia por inasistencia, incumplimientos o falta de cooperación de los adultos responsables, el caso será elevado al Juzgado Contravencional correspondiente, que definirá la sanción.
La norma también contempla exenciones. Quedan excluidos de responsabilidad quienes tengan suspendida o privada la responsabilidad parental, aquellos que no cuenten con el cuidado personal por decisión judicial, o quienes estén alcanzados por medidas de restricción que les impidan intervenir en la crianza. Con esta ley, el Gobierno provincial busca reforzar el rol de las familias y consolidar un abordaje integral frente al acoso escolar.
El texto oficial
