Mendoza, entre las 5 provincias con más represores condenados

 En casi dos décadas de reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, más de 60 represores recibieron condenas en Mendoza, una de las jurisdicciones con mayor volumen y complejidad de causas del país. Los datos surgen del Dossier de Sentencias actualizado a diciembre de 2025 por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que reúne 355 fallos dictados desde 2006.

El funcionamiento del terrorismo de Estado en la provincia estuvo organizado dentro de la Subzona Militar 33, bajo la estructura de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, donde actuaron de manera coordinada el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía de Mendoza -incluido el D2, su aparato de inteligencia-, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario. Esa articulación quedó expuesta en la Megacausa "Juicio a los Jueces", donde fueron analizados hechos que afectaron a 170 víctimas y se llegó a sentencia con 28 imputados, entre ellos ex magistrados y un ex fiscal federal acusados de omisiones que facilitaron la ejecución del plan represivo. Por su alcance y la identidad de los acusados, el expediente es uno de los más singulares del país.

Otra causa de gran escala en la provincia es la Megacausa San Rafael, donde el tribunal condenó a 27 represores por delitos cometidos contra 76 víctimas. El proceso reunió secuestros, torturas y desapariciones ocurridas en comisarías de la Policía provincial, dependencias del D2, la Municipalidad de San Rafael, la Penitenciaría y unidades del Ejército y Gendarmería. Se trató del quinto juicio por crímenes del terrorismo de Estado en Mendoza y el segundo enfocado específicamente en el sur provincial.

Ver: Crímenes sin prescripción: la reforma que proponen desde Mendoza

En 2022 se sumaron nuevas condenas en la Causa Mercado, también en San Rafael, donde cinco ex integrantes del Ejército y la Policía de Mendoza fueron hallados responsables de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra 25 víctimas. El expediente incorporó a acusados que no habían sido juzgados en los procesos anteriores, entre ellos un oficial del Ejército que permaneció prófugo hasta 2019 y un miembro del D2, identificados a partir de testimonios relevados en los primeros debates de San Rafael.

La provincia también registró fallos en causas de apropiación de niñas y niños, donde Mendoza fue sede de inscripciones falsas de identidad. En el caso Fernández, el Tribunal Oral Federal N.º 1 condenó a tres personas por la apropiación de la hija de la mendocina María del Carmen Moyano y del sanjuanino Carlos Poblete, nacida en la ex ESMA e inscripta con nombre apócrifo. El dossier identifica este proceso como el segundo caso de apropiación tramitado en Mendoza y señala nuevamente la intervención del D2 en la sustracción y ocultamiento de la menor.

A nivel nacional, el documento reúne 355 sentencias dictadas desde 2006 en todas las jurisdicciones del país, con megacausas como ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el circuito Camps, la Subzona 14 en La Pampa y expedientes desarrollados en Salta, Tucumán, San Juan, Misiones, Chaco y Santa Fe. El registro muestra además la ampliación de perfiles investigados, incluyendo agentes de inteligencia, funcionarios judiciales y miembros de empresas privadas involucradas en detenciones ilegales o aportes logísticos.

El relevamiento también destaca el crecimiento de las causas por delitos sexuales, que empezaron a ser reconocidos como crímenes autónomos dentro del terrorismo de Estado, y la continuidad de los procesos por apropiación de niños y niñas, que actualizan el mapa del plan sistemático de robo de identidad. En ese conjunto de sentencias, Mendoza figura entre las provincias con mayor cantidad de condenados, con causas que abarcan desde estructuras militares y policiales hasta funcionarios del sistema judicial.