Iniciarán acciones judiciales por el plus salarial que cobra una policía con título de enfermera.
Mendoza demanda a una policía por el cobro de un adicional
El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, emitió el Decreto N° 1455 con el fin de iniciar acciones legales contra una agente policial, Analía del Valle González Domínguez, por haber percibido un adicional salarial correspondiente a un título de Enfermera Profesional. Dicha percepción fue autorizada en su momento por una resolución administrativa que ahora se considera inválida por razones jurídicas.
Según se detalla en el decreto, la resolución original que permitió el pago del adicional fue emitida en 2022, y se basó en una norma dictada con exceso de facultades reglamentarias. Tras un análisis legal realizado por la Dirección de Asesoría Letrada, se concluyó que dicha resolución adolece de un "vicio grave o grosero" y se encuentra en contradicción con el marco normativo vigente, lo que además habría generado un perjuicio económico para el Estado.
A pesar de este vicio legal, las autoridades explican que la resolución ya adquirió estabilidad administrativa, por lo que no puede ser revocada de manera interna por la propia administración. En consecuencia, el único camino legal disponible sería su anulación a través de una acción judicial, conforme lo establece el artículo 3° de la Ley 3918.
En función de ese análisis, el Ministerio de Seguridad y Justicia declaró en 2024 que la resolución original era lesiva para los intereses públicos y procedió a notificar dicha decisión. Posteriormente, y como paso siguiente, el actual decreto instruye formalmente a la Asesoría de Gobierno para que, en representación de la Provincia de Mendoza, inicie las acciones legales correspondientes contra la agente involucrada.
El decreto también faculta al Asesor de Gobierno a evaluar nuevamente si conviene llevar adelante la demanda, considerando los plazos de prescripción aplicables. Con su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno formaliza el inicio del proceso legal en busca de recuperar los fondos que, según su criterio, fueron indebidamente percibidos por la funcionaria policial.



