La provincia avanza con una ley que pone bajo control educativo a los espacios que cuidan niños de 45 días a 3 años. Habrá registro obligatorio, requisitos para el personal y nuevas reglas de funcionamiento.
Más control y docentes: los cambios en las guarderías privadas de Mendoza
En Mendoza avanza un proyecto de ley sobre jardines maternales privados que propone establecer reglas claras para el funcionamiento de estos espacios, donde se atiende a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años y que no forman parte del sistema educativo formal.
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y obtuvo despacho favorable en comisiones de la Cámara de Diputados. Ahora el foco está puesto en definir cómo deberán operar estos establecimientos y qué controles deberán cumplir.
Actualmente, los jardines maternales de gestión privada en Mendoza son habilitados y controlados principalmente por los municipios, bajo criterios administrativos o comerciales. El proyecto introduce un cambio central: la Dirección General de Escuelas (DGE) pasará a tener competencia en la supervisión pedagógica y técnica.
Esto implica que, además de cumplir requisitos edilicios, los jardines deberán ajustarse a criterios educativos vinculados al desarrollo de la primera infancia.
Uno de los puntos principales es la creación de un Registro Único de Jardines Maternales de Gestión Privada. La inscripción será obligatoria para poder funcionar y estará disponible para consulta pública en la web de la DGE. Cada institución deberá exhibir su número de registro en un lugar visible.
El proyecto también fija condiciones para el personal. La persona a cargo deberá contar con título docente de nivel inicial o equivalente. En el caso del personal de sala, se exigirá capacitación en cuidado y desarrollo infantil, junto con apto psicológico, certificado de antecedentes penales y carnet de manipulación de alimentos.
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Además, se establecen competencias pedagógicas mínimas, como la planificación de actividades, la observación del desarrollo de los niños, la comunicación con las familias y la intervención ante posibles situaciones de vulneración de derechos.
Otro aspecto clave es la proporción de adultos por cantidad de niños. Se establece un adulto cada cinco bebés en sala de lactantes, uno cada ocho en salas de un año y uno cada doce en salas de dos y tres años. También se exige la incorporación de personal auxiliar para tareas de apoyo.
A su vez, cada institución deberá presentar un Proyecto Educativo Institucional, alineado con los lineamientos de la DGE, que será supervisado por el área correspondiente a la primera infancia.
El proyecto contempla también a los establecimientos ya existentes, que tendrán un plazo de hasta seis meses para adecuarse a las nuevas exigencias.
Entre los fundamentos, se señala que actualmente no existe un registro completo ni un seguimiento de los niños que asisten a jardines maternales privados, a diferencia del sistema público. La iniciativa busca incorporar estos espacios a un esquema de control educativo con estándares definidos y supervisión estatal.
