La firma enfrenta un fallo judicial por más de $800 millones y, en paralelo, avanzó en una nueva etapa comercial tras la adquisición de otra compañía de gaseosas.
Más allá de la condena en Mendoza, Manaos vuelve a las grandes cadenas
En medio del fallo que obliga a la empresa Refres Now S.A. a pagar más de $800 millones a un ex trabajador, la gaseosa Manaos puso en marcha su regreso a las góndolas de las principales cadenas de supermercados, luego de casi cinco años de ausencia.
La salida de las grandes cadenas se había producido en 2021 tras un conflicto comercial con Carrefour. En ese momento, la cadena ofreció nuevas condiciones de pago que fueron rechazadas por el dueño de la empresa local, Orlando Canido. El empresario indicó en medios nacionales que aceptar ese esquema implicaba la quiebra de la firma y aseguró que no estaba dispuesto a comprometer a proveedores ni empleados.
Sus declaraciones generaron malestar en la compañía francesa y, tras la ruptura de las negociaciones, Carrefour prohibió que la gaseosa Manaos se venda en los principales supermercados del país. En ese contexto, Manaos, afianzó su presencia en mayoristas y supermercados denominados "chinos".
Sin embargo, el cambio de escenario comenzó en julio de 2025, cuando la compañía local concretó la compra de Prodea, dueña de las gaseosas Cunnington y Neuss, en una operación valuada en 74 millones de dólares.
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La adquisición fortaleció el posicionamiento de la empresa en el mercado y le permitió redefinir su estrategia frente a las grandes cadenas, lo que derivó en el regreso a las góndolas. En ese marco, las gaseosas de Manaos se comercializan en Coto, y en Carrefour se venden las sodas.
Mientras el proceso comercial avanzaba, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la indemnización de $807.676.293,72 a favor de un ex vendedor de Manaos que trabajó entre 2013 y 2022 y denunció irregularidades en su registración laboral y despido sin causa. El máximo tribunal provincial ratificó la existencia de relación laboral encubierta y fijó un plazo de cinco días para el pago, con intereses en curso.
Tras conocerse la sentencia, Canido cuestionó el monto establecido. Señaló que el caso se encuentra en manos de un estudio jurídico y expresó su desacuerdo con la cifra fijada por el tribunal, que redujo la condena inicial de $1.500 millones a $800 millones al recalcular los intereses.
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