Luz verde para la construcción de una planta potabilizadora en Luján

El Gobierno de la provincia de Mendoza dio luz verde a la construcción de la Planta Potabilizadora Santa Elena en Luján de Cuyo, con una inversión de $2.300 millones provenientes del Fondo por Resarcimiento.

Este desarrollo es clave para la infraestructura hídrica de Mendoza y se integra en el Plan Provincial de Inversión Pública, diseñado para enfrentar el desafío del abastecimiento de agua potable ante el aumento demográfico y la expansión urbana en la región. 

La ratificación del convenio fue formalizada a través del Decreto 1353, publicado en el Boletín Oficial. Este acuerdo, firmado entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y la Municipalidad de Luján de Cuyo, establece las bases para la asignación de fondos y la distribución de responsabilidades en la ejecución de la obra.

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La Planta Potabilizadora Santa Elena tiene como objetivo incrementar la capacidad de tratamiento de agua potable en 25 litros por segundo. Esta mejora es fundamental para garantizar un suministro adecuado y sostenible para los residentes de la cuenca Vistalba, quienes han enfrentado desafíos significativos en el acceso al agua potable.

El financiamiento del proyecto se realizará mediante un préstamo a tasa cero, cuya devolución se efectuará en cuotas deducidas automáticamente de los fondos que corresponden al municipio bajo el Régimen de Participación Municipal. Este mecanismo asegura la viabilidad económica del proyecto y minimiza el riesgo financiero para la administración local.

Entre las obligaciones impuestas a la Municipalidad de Luján de Cuyo se incluye la licitación y contratación de la obra conforme a la normativa provincial, así como la presentación de informes técnicos y financieros periódicos a la Subsecretaría. Además, se implementarán mecanismos de control para supervisar el avance de la obra y garantizar que se cumplan los estándares de calidad establecidos.

La Dirección General de Inversión Pública confirmó que el proyecto se adhiere a los parámetros técnicos y económicos estipulados por el Decreto N° 609/2021, aunque no tiene competencia sobre aspectos ambientales o patrimoniales. Asimismo, se ha verificado que el municipio cuenta con la capacidad financiera necesaria para afrontar los pagos del crédito.

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