La Iglesia Universal del Reino de Dios bajo la lupa de la Justicia por lavado

Las iglesias evangélicas han ganado un espacio significativo en Argentina, atrayendo a miles de fieles con mensajes de prosperidad y fe. Estas organizaciones, a menudo lideradas por pastores carismáticos, manejan importantes sumas de dinero provenientes de donaciones y diezmos. 

Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión de estos fondos ha generado cuestionamientos y sospechas de la Justicia. La Iglesia Universal del Reino de Dios, con una fuerte presencia en el país desde 1990, es una de las más conocidas. Su crecimiento ha estado acompañado por controversias sobre el origen de su riqueza.

Contexto de la investigación

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Justicia han intensificado en los últimos años el escrutinio sobre organizaciones religiosas por posibles irregularidades financieras. Las alertas suelen surgir cuando los movimientos de dinero no coinciden con los ingresos declarados o cuando se detectan bienes desproporcionados.

En este caso, la investigación se centra en una organización con una extensa red de templos y un patrimonio que incluye propiedades y vehículos de lujo. La magnitud de los bienes adquiridos ha puesto el foco en las prácticas de recaudación. Las autoridades buscan determinar si los fondos tienen un origen lícito.

Sospechas de lavado de dinero

La Justicia investiga a la Iglesia Universal del Reino de Dios por presunto lavado de dinero, con el líder Ricardo Alberto Cis como principal señalado. La causa comenzó en 2020, tras el intento de Cis de comprar una radio, cuya inversión no se justificaba con su patrimonio declarado. 

Entre 2010 y 2014, la iglesia recaudó $260 millones, incluyendo $160 millones donados por 26 personas entre 2012 y 2013. Uno de los donantes, sorprendentemente, es beneficiario de la Asignación Universal por Hijo. La organización posee 21 inmuebles, 186 autos y un avión Cessna 750, valuados en unos US$5 millones.

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Donaciones y patrimonio cuestionados

Las donaciones recibidas por la iglesia han levantado sospechas, especialmente por la falta de documentación que respalde su origen. En 2010, 45 personas depositaron $4 millones, y los montos crecieron significativamente en años posteriores. 

Cis argumentó que los fondos provienen del diezmo de los fieles, pero no presentó pruebas que lo sustenten. La investigación, ahora en el fuero penal económico, involucra a 13 personas, incluyendo a la presidenta María Idineo Oracz de Assis y el tesorero Ramon Raitelli. Las indagatorias están programadas para el 30 de agosto, bajo la dirección del juez Diego Amarante.

Implicaciones y próximos pasos

La causa, iniciada en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado y derivada al fuero penal económico, pone en evidencia los desafíos de regular las finanzas de organizaciones religiosas. La Iglesia Universal del Reino de Dios no respondió a las consultas periodísticas del canal TN, lo que aumenta las dudas sobre su transparencia. 

La investigación podría sentar un precedente para otras instituciones similares, en un contexto donde la fe y los negocios se entrelazan. Las autoridades buscan esclarecer si los bienes adquiridos son fruto de actividades ilícitas o de donaciones legítimas. Este caso subraya la necesidad de controles más estrictos para garantizar la legalidad de los fondos manejados por estas organizaciones.

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