El exvicepresidente del Banco General de Negocios, Carlos Rohm, fue condenado a 5 años de prisión por liderar una asociación ilícita que desvió fondos de clientes durante el corralito. La Justicia ordenó además el decomiso de 45 millones de dólares para resarcir a las víctimas.
Corralito: quién es el banquero condenado por la mayor fuga de dólares
El exvicepresidente del Banco General de Negocios (BGN), Carlos Alberto Rohm, fue condenado a cinco años de prisión por haber dirigido una organización que desvió fondos de clientes desde mediados de los '90 hasta el colapso financiero de 2001. Según el Tribunal Oral Federal N°3, Rohm encabezó una asociación ilícita que operó durante años para sacar dinero del país y eludir las restricciones del corralito, dejando un perjuicio millonario a ahorristas que nunca recuperaron sus depósitos.
La sentencia, dictada el viernes pasado, también dispuso el decomiso de más de 45 millones de dólares, que deberán destinarse a resarcir a los damnificados. Parte del dinero corresponde a fondos vinculados a Credit Suisse y JP Morgan, que surgieron durante la investigación del entramado financiero del banco. El perjuicio estimado para las víctimas es de al menos 19 millones de dólares.
Además de Rohm, fueron condenados otros ocho directores y funcionarios del BGN a tres años de prisión condicional. Según el fallo, todos integraban la estructura que permitió que la maniobra funcionara durante años. La fiscalía, encabezada por Abel Córdoba, contó con la asistencia técnica de la SIFRAI y de la Dirección de Recuperación de Activos, que colaboraron en el análisis del movimiento de fondos y en la localización del dinero incautado.
El Ministerio Público Fiscal describió el caso como un ejemplo claro de manejo desleal e infiel de fondos, donde el banco fue usado para desviar depósitos mediante compra y venta de bonos, asistencia financiera ilícita a personas vinculadas y captación de fondos por fuera de las autorizaciones oficiales. Incluso se investigó la participación de bancos internacionales accionistas del grupo, aunque varios directivos fueron sobreseídos por prescripción.
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El proceso judicial comenzó en septiembre de 2024 y tuvo casi un centenar de testigos, entre ellos víctimas que relataron cómo perdieron sus ahorros en el Banco General de Negocios. También declararon funcionarios del Banco Central, que habían iniciado la investigación a comienzos de los años 2000. El tribunal ordenó además decomisar fondos provenientes de la venta de acciones de la empresa Química Estrella SA, que serán destinados al pago del daño moral fijado en la causa.
