El proyecto plantea sanciones económicas o trabajo comunitario para padres y tutores que no acompañen en la corrección de conductas violentas. El mismo fue anunciado tras el caso de la nena que entró con un arma a la escuela, presuntamente producto del bullying que sufría.
Presentan el proyecto para que los padres respondan por actos de bullying
El proyecto plantea sanciones económicas o trabajo comunitario para padres y tutores que no acompañen en la corrección de conductas violentas. El mismo fue anunciado tras el caso de la nena que entró con un arma a la escuela, presuntamente producto del bullying que sufría.
El bullying y el ciberbullying son en la actualidad una de las principales preocupaciones de las comunidades educativas en todo el mundo. El último presunto caso que tuvo en vilo a la provincia y al país fue la alumna de una escuela en La Paz que llevó un arma al colegio.
En ese contexto, se envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca modificar el Código de Contravenciones para que padres, madres y tutores sean también responsables por los actos de bullying y ciberbullying cometidos por sus hijos.
La iniciativa prevé sanciones económicas y trabajo comunitario, además de instancias de mediación y talleres de parentalidad.
El texto, enviado por la Dirección General de Escuelas, establece que los adultos responsables podrán ser multados con entre 500 y 5.000 unidades financieras -equivalentes hoy a entre 210 mil y 2 millones de pesos- si no acompañan en la corrección de conductas violentas. También se contempla la posibilidad de imponer trabajo comunitario.
El proyecto se complementa con un nuevo Protocolo de Actuación Escolar, que determina de manera clara cómo deben intervenir directivos, docentes y equipos técnicos ante hechos de acoso. El objetivo es proteger de manera inmediata a las víctimas y prevenir la repetición de los episodios.
Cuando una situación de bullying sea detectada y verificada, las autoridades escolares deberán aplicar el protocolo junto a un equipo interdisciplinario, con la participación de los padres o tutores. Si los adultos no concurren, se dará intervención al Juzgado contravencional, que podrá aplicar las sanciones correspondientes.
El protocolo incluye desde la identificación del caso hasta la comunicación con las familias, el plan de acción inmediato, el seguimiento y el cierre. Además, contempla criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección de derechos y la Justicia, según corresponda.
En Mendoza impulsamos una modificación al Código Contravencional un nuevo protocolo para abordar el bullying con una mirada integral.
El objetivo es dar respuesta efectiva en las escuelas, involucrar a las familias y garantizar que el Estado acompañe con herramientas concretas... pic.twitter.com/vB6ulGGn0Y
La propuesta combina prevención, intervención y reparación. Busca construir una cultura escolar de convivencia, proteger a las víctimas y trabajar con los agresores sin estigmatizarlos. Y, sobre todo, comprometer a las familias: sin su involucramiento, la escuela no puede enfrentar sola el problema.
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