Dictadura y derechos humanos: la historia personal que marcó a un juez federal

En una entrevista con Radio Post FM 92.1 el programa Victoria de 8 a 11, el juez federal Pablo Salinas abrió una puerta poco habitual: la de su historia personal, marcada desde la infancia por el terrorismo de Estado. A 50 años del golpe militar, su testimonio no quedó solo en lo judicial. También fue un recorrido íntimo que ayuda a entender su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su rol actual dentro de la Justicia federal.

Salinas integra el Tribunal Oral Federal N°2 y cumple funciones como juez de juicio, es decir, interviene en la etapa final de los procesos, cuando las causas ya están listas para ser debatidas en audiencias públicas. Según explicó, su tarea se diferencia de la instrucción porque no investiga, sino que evalúa pruebas y dicta sentencia. En Mendoza, ese trabajo se desarrolla en un contexto complejo, con causas vinculadas a narcotráfico, contrabando y trata de personas, delitos que forman parte de la órbita federal.

El magistrado reconoció que el sistema arrastra demoras históricas, en parte por la falta de designaciones durante años. Sin embargo, sostuvo que actualmente hay avances en la organización interna de los tribunales. También destacó que la provincia, por su ubicación fronteriza, concentra un volumen importante de expedientes vinculados al crimen organizado, lo que impacta directamente en la carga de trabajo judicial.

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Pero el eje más fuerte de la charla apareció cuando repasó su propia biografía. Salinas contó que tenía apenas seis años cuando fue secuestrado junto a su madre durante la dictadura. Ambos fueron llevados a un centro clandestino en Córdoba. Él fue liberado tiempo después, tras gestiones familiares, mientras que su madre permaneció detenida. Recién meses más tarde, un decreto del Poder Ejecutivo reconoció su detención, lo que en ese contexto significaba que su vida estaba, al menos, registrada.

Esa experiencia dejó una marca profunda. Su madre recuperó la libertad años después y pudo rehacer su vida en Mendoza, donde trabajó como docente. Salinas, en tanto, creció entre ese pasado y una formación atravesada por el compromiso con la memoria. Durante décadas fue abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad, representando a víctimas del terrorismo de Estado.

En ese recorrido, destacó el papel de los juicios de lesa humanidad en Argentina, que consideró un proceso reconocido a nivel internacional. Señaló que ya se dictaron miles de sentencias, con instancias de revisión incluidas, lo que consolidó un cuerpo de pruebas difícil de refutar. En ese sentido, remarcó que el respaldo social sigue siendo amplio y mencionó estudios recientes que muestran que la mayoría de la población rechaza cualquier tipo de impunidad.

Consultado sobre el presente, Salinas aseguró que los debates sobre memoria y justicia no lo sorprenden. Para él, son discusiones que deben sostenerse en el tiempo. Incluso planteó la necesidad de avanzar en leyes que sancionen el negacionismo, como ocurre en países europeos, con el objetivo de evitar que se relativicen los crímenes del pasado.

También se refirió a las movilizaciones del 24 de marzo, que este año tuvieron una fuerte convocatoria. Para el juez, esas marchas reflejan un compromiso que atraviesa generaciones y que mantiene vigente el reclamo de memoria, verdad y justicia. "Es una tragedia que nos pasó a todos como sociedad", sostuvo durante la entrevista.

El testimonio de Salinas combina dos dimensiones que pocas veces se cruzan con tanta claridad: la de quien sufrió en carne propia el accionar del Estado durante la dictadura y la de quien, años después, tuvo la responsabilidad de juzgar esos hechos desde la Justicia. En ese punto, su mirada no es solo técnica, sino también profundamente humana.

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