La Ley 9666 redefine el funcionamiento del fuero penal, refuerza las audiencias orales y crea una oficina de gestión que moderniza la administración de justicia, siguiendo una tendencia que varios países ya aplican.
Desde este jueves, los jueces del fuero penal trabajan también a la tarde
Mendoza dio un nuevo paso en la modernización de su sistema judicial. Con la promulgación de la Ley 9666, el gobierno de Alfredo Cornejo estableció que los jueces del fuero penal podrán desarrollar audiencias orales en horario de tarde, una medida que apunta a agilizar los procesos y mejorar la eficiencia del servicio de justicia.
La norma, publicada este jueves en el Boletín Oficial, entra en vigencia inmediatamente y modifica artículos centrales del Código Procesal Penal (Ley 6.730), la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (8.008) y la Ley 9.040, que dio origen al Fuero Penal Colegiado.
Audiencias orales y mayor control ciudadano
Uno de los ejes más destacados es la extensión del horario judicial, que permitirá la realización de audiencias en la tarde, algo que hasta ahora era poco frecuente.
Además, la ley ordena la publicación obligatoria de las agendas judiciales en el sitio web del Poder Judicial, con información sobre jueces, fiscales, defensores, motivos del proceso y eventuales reprogramaciones.
El objetivo -tal como han expresado en distintas ocasiones desde el Ministerio de Gobierno y Justicia- es garantizar la transparencia y la previsibilidad del trabajo judicial, en línea con las recomendaciones internacionales sobre acceso público a la información procesal.
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La norma también prevé sanciones por mal desempeño para magistrados o funcionarios que provoquen la suspensión injustificada de audiencias, un punto que busca reducir demoras estructurales en los juicios penales.
Una justicia más moderna y coordinada
Otro avance significativo es la creación de la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP), que se encargará de la organización de audiencias, la distribución de causas, la coordinación de salas y la digitalización de expedientes.
Esta estructura responde al modelo de gestión judicial moderna implementado en países como Chile o España, donde las oficinas administrativas han demostrado ser clave para optimizar recursos y reducir la carga burocrática de jueces y fiscales.
La ley también amplía las atribuciones de los Ayudantes Fiscales, que podrán actuar en audiencias orales, ruedas de reconocimiento, inspecciones judiciales y debates correccionales, fortaleciendo el esquema de trabajo colaborativo dentro del Ministerio Público Fiscal.
Turnos permanentes y respuesta inmediata
Para reforzar la atención en casos urgentes, el texto legal establece turnos permanentes para jueces de garantías y de ejecución, con disponibilidad las 24 horas.
De esta forma, el Poder Judicial busca garantizar una respuesta rápida ante allanamientos, detenciones o presentaciones de habeas corpus, evitando retrasos en resoluciones que requieren inmediatez.
La implementación de horarios extendidos y oficinas de gestión especializada se alinea con estándares internacionales de eficiencia judicial, recomendados por organismos como la OCDE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que promueven sistemas orales y transparentes para mejorar la confianza pública en la justicia.
Con esta reforma, Mendoza se posiciona como una de las primeras jurisdicciones argentinas en adoptar un modelo que combina modernización tecnológica, transparencia procesal y gestión activa del tiempo judicial, en un intento por acercar la justicia a los ciudadanos y reducir los tiempos de resolución de las causas.
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