Casi 20 millones de pesos debe pagarle el Estado mendocino a la agente en concepto de indemnización, luego de ganarle un juicio por cesantía.
La Corte obligó al Gobierno a reincorporar a una mujer policía e indemnizarla
El Gobierno de Mendoza acató un fallo de la Suprema Corte de Justicia, porque estaba obligado a hacerlo, sobre la reincorporación de la policía Jesica Romina Sosa Gauna a la fuerza provincial. La medida se concretó a través del Decreto N° 1937, que fue publicado en el Boletín Oficial el 9 de septiembre de 2025.
La decisión judicial, además, implicó una significativa erogación para el Estado en concepto de compensación por los años fuera de la institución. Los cálculos de la suma total ascendieron $19.943.650.
La agente había sido sancionada con la cesantía por el Ministerio de Seguridad mediante la Resolución N° 642/18. La sanción se basó en una falta grave: se atribuyó a un teléfono vinculado a ella el reenvío de un audio de una denuncia penal por maltrato infantil al propio denunciado.
Tras años de litigio, la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza intervino en los autos N° 13-06801645-7. El máximo tribunal resolvió "Hacer lugar a la demanda entablada por la Sra. J.R.S.G." y "anular la Resolución N° 642/18 del Ministerio de Seguridad", condenando al Gobierno a reincorporar a la mujer policía.
Ver: Antigüedad: la Provincia le negó el cómputo de años trabajados como contratada
El Decreto N° 1937 concretó la restitución de la mujer policía, reincorporándola en el cargo de Auxiliar -Personal Policial-.
Para cumplir con el fallo, el Ejecutivo creó un cargo y modificó el Presupuesto de Erogaciones vigente para el año 2025. La suma de $8.680.981,76 formó parte de esta modificación y fue registrada como reserva al crédito votado. Anteriormente, se registró una reserva al crédito por $11.262.673,64. El gasto total se atendió con cargo al presupuesto vigente del año 2025.
Esta millonaria reincorporación se enmarcó en el debate provincial sobre las reincorporaciones de empleados públicos por orden judicial y el impacto fiscal que generaron el pago de salarios caídos.
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