Triple femicidio: por qué Argentina "es lenta" para buscar personas

El hallazgo de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela este miércoles volvió a encender las alarmas sobre cómo funciona el sistema de búsqueda de personas en Argentina. El triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuya desaparición había sido denunciada el 19 de septiembre, obliga a preguntar por la eficacia de los protocolos vigentes a la hora de activar la maquinaria para buscar a personas que desaparecen. Según el  Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), en Argentina denuncian paraderos cada dos o tres horas, aunque esto incluye casos de personas que se ausentan voluntariamente y su resolución es más sencilla.

En nuestro país, la búsqueda de personas está regulada por el SIFEBU , dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Este esquema establece que la denuncia debe recibirse de inmediato, sin necesidad de esperar 24 ni 48 horas, y que a partir de ese momento se activan medidas urgentes como el rastreo en bases de datos oficiales, controles en hospitales, morgues y pasos fronterizos, además del relevamiento de cámaras de seguridad. La justicia puede ordenar la difusión pública del caso a través de medios de comunicación y redes sociales, y cuando se trata de niñas, niños o adolescentes, entra en juego el sistema de Alerta Sofía, inspirado en el Amber Alert estadounidense. Además, en situaciones que involucran a mujeres o personas LGBTIQ+, el protocolo contempla de entrada la posibilidad de trata de personas o femicidio, con un abordaje desde la perspectiva de género. Sin embargo, no se ejecuta el "bombardeo" masivo del pedido de paradero que, a diferencia de otros países, interrumpe la programación televisiva y radial y también se masifica en las redes sociales.

La desaparición de María Cash en 2011 marcó un antes y un después en Argentina en materia de búsqueda de personas. La joven diseñadora de 29 años desapareció mientras viajaba desde Buenos Aires hacia Jujuy y nunca más se supo de ella. Su caso expuso las graves falencias del sistema: falta de coordinación entre fuerzas, demoras en la investigación y ausencia de un protocolo nacional que centralizara la información. La presión social y el reclamo de su familia dejaron al descubierto que el país no contaba con herramientas unificadas para actuar con rapidez y eficacia.

Ver: La hipótesis narco detrás del crimen de Brenda, Morena y Lara

A partir de esa experiencia se creó en 2016 el Sistema Federal de Búsqueda de Personas , que unificó criterios en todo el país y estableció la denuncia inmediata como regla. También se incorporó la perspectiva de género, presumiendo trata o femicidio cuando desaparece una mujer, y se impulsó la creación de alertas específicas como la Alerta Sofía para menores de edad. Desde entonces, otros casos reforzaron la necesidad de actuar sin demoras, pero la desaparición de María Cash sigue siendo el punto de inflexión que obligó al Estado argentino a cambiar su manera de buscar personas.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la Argentina arrastra deudas importantes. La primera es tecnológica: el país no cuenta con un sistema de comunicación masiva que envíe notificaciones obligatorias a todos los teléfonos celulares de una zona determinada. Mientras en Estados Unidos o la Unión Europea las alertas interrumpen transmisiones de radio y televisión, aparecen en carteles electrónicos y llegan automáticamente a los móviles, aquí la difusión depende todavía de redes sociales, medios de comunicación y la colaboración ciudadana. Esto genera un alcance desigual y no garantiza que toda la población reciba la información en tiempo real.

Ver: La confesión sobre el triple crimen de Florencio Varela que sería clave

La segunda deuda es la participación social. A diferencia de México, donde existen comisiones estatales que trabajan en conjunto con familiares y organizaciones civiles, o de España, donde fundaciones especializadas colaboran formalmente con el Estado, en Argentina la conducción de la búsqueda sigue siendo casi exclusiva del aparato judicial y policial. La sociedad civil participa sobre todo a través de familiares organizados y colectivos feministas, pero sin un marco legal ni institucional que los integre directamente a los operativos. Esto no solo reduce la eficacia, sino que también alimenta la desconfianza entre familias y autoridades.

El panorama internacional ofrece contrastes interesantes. En Estados Unidos, el Amber Alert se activa de inmediato en casos de menores en riesgo y se difunde por todos los canales posibles, desde celulares hasta carreteras. En México, el Protocolo Alba funciona de manera específica para mujeres y niñas desaparecidas, mientras que el Alerta Amber cubre a menores de edad, ambos en coordinación con organismos civiles. España, por su parte, diferencia entre desapariciones voluntarias, involuntarias y forzadas, y cuenta con un sistema de alerta menor desaparecido que involucra a la Guardia Civil, la Policía Nacional y organizaciones de apoyo.

La diferencia central es que en Argentina la reacción institucional suele ser rápida y se reconoce la importancia de la perspectiva de género, pero el país queda rezagado en materia de tecnología de comunicación masiva y en la integración formal de la sociedad civil. El triple femicidio de Florencio Varela, más allá de la brutalidad del crimen, obliga a preguntarse qué herramientas faltan para que ninguna desaparición dependa solo de la presión mediática o del esfuerzo desesperado de familiares. En un contexto donde cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, la deuda pendiente ya no es solo tecnológica, sino también con el derecho básico de las familias a contar con un Estado que responda con toda su fuerza y con una sociedad activamente involucrada.