Desde el centro terapéutico Naranjito aseguran que la falta de pagos por parte del gobierno nacional y el atraso de aranceles ponen en riesgo la atención de cientos de chicos. Reclaman al Estado nacional que cumpla con la ley.
"Estamos haciendo malabares para seguir": el Naranjito al borde del cierre
En el marco del programa "A pesar de las llamas", que se emite por Radio Post FM 92.1, Julián Chabert en el móvil dialogó con Gustavo Kretschmar, director general del centro terapéutico Naranjito y coordinador de AIEP-PETSA, quien advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las instituciones que trabajan con personas con discapacidad en Mendoza.
"Estamos haciendo malabares para seguir abiertos", resumió Kretschmar, al describir el impacto del atraso en los pagos por parte de obras sociales y del Estado.
El Naranjito, una de las instituciones pioneras en la provincia, atiende actualmente a unos 280 chicos. Según explicó su director, el funcionamiento del sistema depende de un esquema de financiamiento que hoy está desfasado.
"Facturamos unos 350 millones de pesos mensuales, pero tenemos atrasos de tres meses. Eso nos obligó a comernos todo el capital de trabajo que construimos en más de 35 años", señaló.
A esto se suma una deuda acumulada que, según detalló, supera los 1.000 millones de pesos por diferencias arancelarias no actualizadas, además de otros montos impagos desde diciembre.
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Uno de los datos más críticos tiene que ver con los recursos destinados a la alimentación de los chicos. Actualmente, las instituciones reciben alrededor de 4.000 pesos por día por paciente para cubrir desayuno, almuerzo y merienda.
"Tenemos que garantizar dietas con proteínas, verduras y carbohidratos, pero con ese monto no alcanza", explicó Kretschmar.
El rol social de las instituciones
Más allá de la atención terapéutica, el directivo de Naranjito destacó el rol clave que cumplen estos espacios en la vida cotidiana de las familias.
"Somos la rueda de auxilio de una familia. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde contenemos a los chicos, lo que permite que los padres puedan trabajar, estudiar y organizar su vida", sostuvo.
En ese sentido, advirtió que el cierre de estas instituciones tendría un impacto directo en cientos de hogares: "Si dejamos de funcionar, empieza el descalabro".
Kretschmar también cuestionó la falta de cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad y aseguró que, pese a fallos judiciales, los pagos no se regularizan.
"El propio decreto reglamentario reconoce que no pueden cumplir la ley. Así es imposible sostener el sistema", afirmó.
Además, rechazó declaraciones oficiales sobre presuntas irregularidades en el sector: "Si hay corrupción, que se investigue y se pruebe. Somos los primeros en querer que eso se aclare".
Consultado sobre el riesgo de cierre, el director fue contundente: "Tengo mi vida puesta acá. Hace más de 35 años que existe el Naranjito. Pero si no se regulariza la situación, no sabemos cuánto más vamos a poder sostenerlo".
El planteo se suma al reclamo generalizado de prestadores de discapacidad en todo el país, que alertan sobre un sistema en tensión y piden medidas urgentes para garantizar la continuidad de la atención
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