Una investigadora del CONICET advirtió por Radio Post FM 92.1 sobre el consumo de agua y energía de los centros de datos y el riesgo ambiental que podrían generar sin regulación.
El costo oculto de la IA: alertan por el impacto de los datacenters en Argentina
En medio del crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA), una preocupación empieza a ganar espacio fuera del ámbito tecnológico. Según explicó la investigadora del CONICET Erica Correa Cantalube en una entrevista con Radio Post FM 92.1, el desarrollo de grandes centros de datos ya está generando efectos concretos sobre el ambiente, en especial en lo que se conoce como isla de calor urbana.
El fenómeno no es nuevo. Desde hace décadas se sabe que las ciudades modifican su propio clima por la acumulación de materiales, el transporte y la forma en que se expanden. Sin embargo, ahora aparece un factor adicional: los datacenters que sostienen la IA. Estos complejos, lejos de ubicarse en zonas urbanas, suelen instalarse en áreas rurales o periurbanas debido a su enorme demanda de recursos.
Erica Correa Cantalube explicó que estos centros pueden alterar la temperatura del entorno de manera significativa. Un estudio reciente de la Universidad de Cambridge, que analizó unos 6.000 datacenters en el mundo, detectó aumentos de entre uno y nueve grados en la temperatura superficial. La magnitud del dato no es menor: equivale a variaciones que al planeta le llevaron décadas en el marco del cambio climático.
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El impacto no se limita al calor. La especialista señaló que estas instalaciones incrementan la demanda energética, generan estrés térmico en la población y presionan sobre servicios básicos como el agua. Además, el calor producido por los servidores -que transforman casi toda la energía que consumen en temperatura- obliga a implementar sistemas de enfriamiento que también requieren grandes volúmenes de recursos.
En ese sentido, uno de los puntos más sensibles es el consumo hídrico. Un datacenter promedio puede utilizar hasta 60 millones de litros de agua, mientras que su consumo energético puede equipararse al de una ciudad de 250 mil habitantes. En Argentina, donde ya existen 42 centros de este tipo, el crecimiento del sector plantea interrogantes sobre la disponibilidad futura de estos recursos.
La investigadora advirtió que el país se vuelve atractivo para estas inversiones por sus condiciones climáticas, beneficios fiscales y regulaciones ambientales más débiles que en otras regiones. Esto genera un escenario en el que empresas internacionales buscan instalarse para reducir costos, mientras trasladan los impactos ambientales a territorios con menor control.
El caso de la Patagonia aparece como un ejemplo concreto. Su clima frío y la disponibilidad de agua la posicionan como un polo ideal para este tipo de desarrollos. Pero al mismo tiempo, se trata de una región clave para el equilibrio hídrico nacional y la generación de energías renovables, lo que abre un debate sobre el uso estratégico de esos recursos.
Para Erica Correa Cantalube, el problema no es el avance tecnológico en sí, sino la falta de planificación. "Se pueden hacer muchas cosas", aseguró, aunque remarcó la necesidad de regulaciones claras, estudios de impacto ambiental rigurosos y exigencias concretas a las empresas. Entre las alternativas, mencionó sistemas de enfriamiento cerrados que reduzcan el consumo de agua y estrategias de mitigación del calor.
También puso el foco en el rol del Estado. Sin controles adecuados, sostuvo, el interés económico tiende a imponerse sobre el ambiental. Esto, a largo plazo, puede derivar en mayores costos para la sociedad, como subas en tarifas energéticas, agotamiento de acuíferos o deterioro de las condiciones de vida.
Otro punto que genera debate es el destino de la capacidad de estos centros. Según indicó, gran parte de la infraestructura funciona de manera permanente y no necesariamente para resolver problemas críticos, sino en muchos casos vinculada al consumo y la publicidad digital.
La entrevista, realizada en el programa "Victoria de 8 a 11" de Radio Post, también reflejó la preocupación por la falta de articulación entre el sistema científico y quienes toman decisiones. Si bien existen estudios y alertas, la especialista planteó que muchas veces no se traducen en políticas concretas.
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A nivel internacional, ya hay antecedentes de comunidades que frenaron proyectos de este tipo. En países como Chile y Brasil, acciones judiciales impulsadas por poblaciones locales lograron detener instalaciones por su impacto ambiental, especialmente en contextos de escasez de agua.
El desafío, según la investigadora, pasa por anticiparse. Analizar los efectos antes de que se multipliquen y definir qué tipo de desarrollo se busca. En un contexto donde la inteligencia artificial avanza sin pausa, la discusión sobre sus costos reales empieza a instalarse también en Argentina.
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