Pese a los controles, crece la preocupación por la circulación de armas ilegales y el debilitamiento de las políticas de desarme.
El 60% de los homicidios en Argentina se comete con armas de fuego
Más de la mitad de los homicidios cometidos en Argentina involucran un arma de fuego. La cifra oficial, que ronda el 60% a nivel nacional, es aún más alta en algunas provincias, donde llega al 80% en zonas urbanas. En paralelo, el país enfrenta una combinación preocupante: alta cantidad de armas registradas, millones de armas ilegales y un Estado que ha desactivado políticas clave como el programa de entrega voluntaria.
Según datos de la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ahora nuevamente RENAR), existen más de 1 millón de armas registradas en el país, pero solo alrededor de 650.000 personas figuran como legítimos usuarios, y muchos de ellos tienen su credencial vencida o incompleta.
El tráfico interno y el contrabando son una fuente constante de armas en manos de bandas criminales. Las zonas fronterizas, como Misiones y el norte de Corrientes, siguen siendo puntos críticos, según admiten informes del Ministerio de Seguridad Nacional. A esto se suma el robo de armas a miembros de fuerzas de seguridad y la venta irregular entre particulares, que escapan al radar estatal.
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Por otro lado, el desarme voluntario perdió fuerza. El histórico programa PEVAF, que permitió la entrega y destrucción de más de 200.000 armas desde 2007, caducó en diciembre de 2023 y no fue renovado. Desde entonces, no hay un plan activo para reducir la circulación de armas entre civiles, algo que expertos consideran fundamental para bajar los índices de violencia letal.
En paralelo, el Estado avanza en la digitalización de trámites para facilitar la tenencia legal y habilitó incluso un sistema exprés para obtener permisos. Además, este año se derogó el requisito de habilitación municipal para abrir armerías y fábricas, lo que generó críticas de algunos sectores.
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