La Justicia federal de Mendoza avanzó en una causa que investiga secuestros, torturas, abandono y apropiación de menores durante operativos represivos. Cuatro de los acusados quedaron con prisión preventiva.
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El Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, resolvió procesar a 15 exintegrantes de fuerzas militares y de seguridad por delitos cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.
La investigación apunta a hechos ocurridos en operativos del aparato represivo, en los que menores de edad fueron víctimas directas de secuestros, torturas psicológicas, amenazas, abandono y maniobras para alterar su identidad. Parte de los episodios ocurrieron en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2), que funcionó como el principal centro clandestino de detención de la provincia.
De acuerdo con la resolución judicial, los acusados enfrentan cargos por privación abusiva de la libertad agravada, imposición de tormentos, abandono de persona, coacción y delitos contra la identidad de menores, entre ellos sustracción, ocultamiento y alteración del estado civil.
Entre los procesados hay exmiembros del D-2 y también de la IV Brigada Aérea. Además, el tribunal ordenó prisión preventiva para cuatro de los imputados y dispuso embargos económicos que van de 10 a 15 millones de pesos.
La causa es impulsada por el fiscal federal Dante Vega, junto a los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar, quienes sostienen que los operativos represivos afectaron directamente a decenas de menores.
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Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los niños y adolescentes fueron víctimas de distintas formas de violencia. En algunos casos quedaron retenidos por fuerzas represivas tras el secuestro de sus padres, incluso dentro de centros clandestinos de detención. En otros episodios fueron utilizados como herramienta de presión contra sus familias, sufriendo amenazas, golpes o interrogatorios.
Entre los hechos documentados aparece el caso de un bebé de siete meses que fue abandonado con signos de maltrato en la casa de sus abuelos, así como el de un niño de diez meses que permaneció durante semanas bajo control policial para ser utilizado como "cebo" para capturar a su padre.
También se registraron situaciones en las que niños muy pequeños quedaron solos en la vía pública durante los operativos, o fueron testigos directos de detenciones violentas. En algunos casos fueron apuntados con armas, obligados a permanecer encerrados o separados de sus padres mientras se realizaban los procedimientos.
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La investigación también documenta episodios de violencia directa contra menores, como amenazas con armas, interrogatorios o exposición a torturas infligidas a sus familiares. En uno de los hechos citados por la fiscalía, un niño de tres años fue amenazado con un arma en la cabeza frente a su padre, mientras que una niña fue obligada a entregar las llaves de su casa durante un operativo.
Otro eje de la causa se centra en los delitos contra la identidad, que incluyen casos de apropiación y ocultamiento de menores. En uno de los episodios analizados, una niña fue enviada por agentes del D-2 a una institución estatal registrada como "N/N", a pesar de que su identidad era conocida, lo que impidió durante un tiempo que pudiera reencontrarse con su familia.
