El operativo se concretó tras la firma del convenio entre Provincia y municipio. Marca el inicio del protocolo en el departamento. "Son lugares que muchas veces se utilizan para ocultar bienes robados o para la venta de droga", señaló la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
Guaymallén demolió un búnker narco
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, firmaron el segundo convenio de colaboración en el marco del "Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana", lo que permitió concretar la primera intervención en el departamento.
Se trató de la demolición de una vivienda ubicada en calle Tacuarí, frente al asentamiento BAP. La acción marca el inicio de la aplicación del protocolo en Guaymallén, tras su oficialización, a fines de enero de 2026 en el Boletín Oficial.
"Esta es la intervención número once que llevamos adelante en el marco de este plan contra aguantaderos y contra inmuebles usurpados que, además, concentran el delito. Son lugares que muchas veces se utilizan para ocultar bienes robados o para la venta de droga", explicó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien supervisó la medida.
Y agregó que "el inmueble había sido usurpado, pero también era utilizado para dejar elementos sustraídos y se había detectado la presencia de droga. Esto generaba una situación de inseguridad que afectaba directamente a los vecinos y al entorno".
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La funcionaria destacó además que "se trata de la primera demolición que realizamos en el marco del nuevo protocolo", y remarcó que en Guaymallén "ya habíamos realizado otras acciones sobre inmuebles utilizados como aguantaderos, pero esta es la primera que se concreta tras la formalización del procedimiento y la firma del convenio".
Rus explicó que las intervenciones se sustentan en un proceso previo de análisis: "Lo que hacemos es avanzar sobre la base de la situación de inseguridad que genera el inmueble, independientemente de que exista o no una condena. Para eso se elaboran informes policiales, se toman denuncias de vecinos y se realizan tareas de investigación que nos permiten constatar el riesgo".
"Una vez verificada esa situación, se notifica a los titulares registrales y se actúa garantizando el derecho de propiedad, mientras se interviene para evitar que el lugar siga siendo utilizado con fines delictivos", indicó.
Finalmente, la ministra remarcó el trabajo articulado que permite llevar adelante estas medidas: "Hay un trabajo técnico previo por parte de los municipios y una coordinación con el Ministerio para ejecutar las resoluciones. En muchos casos, incluso, esto representa un alivio para los propietarios, que se ven afectados por la usurpación o el uso delictivo de sus inmuebles".
Del operativo participaron el subdirector de Servicios Comunitarios del municipio, Gonzalo Agüero, y el director del programa provincial, Carlos Magnani.
Por su parte, el intendente Marcos Calvente sostuvo: "El municipio ya realizó cuatro intervenciones de manera conjunta con el Ministerio, y esta es la segunda demolición completa que llevamos adelante".
En ese sentido, remarcó las dificultades previas para concretar este tipo de acciones: "En intervenciones anteriores, llegar a una demolición implicaba atravesar instancias administrativas y judiciales que no siempre acompañaban los tiempos de la realidad. Podía tratarse de una vivienda usurpada en reiteradas ocasiones, con presencia de elementos robados o droga, pero sin contar aún con los actos administrativos necesarios para intervenir".
Con la implementación del nuevo esquema, el jefe comunal destacó que "el proceso se vuelve mucho más dinámico y permite dar respuestas en tiempos acordes a las investigaciones policiales. Esperamos, a partir de esto, poder avanzar con más intervenciones de este tipo".
Por último, subrayó el impacto de estas medidas en el territorio: "Estas acciones permiten erradicar problemas vinculados a la seguridad, pero también a lo urbano. Muchas de estas propiedades abandonadas terminan generando focos de conflicto e incluso de insalubridad".
Calvente también precisó que "los costos de estos operativos, que tienen que ver con la seguridad y la sanidad, son asumidos por el municipio", y adelantó que tras la demolición "el trabajo continúa con el retiro de los escombros y el cierre del predio, para garantizar condiciones adecuadas de seguridad urbana".
Tres intervenciones desde la puesta en vigencia del programa
Desde su oficialización, el Ministerio de Seguridad y Justicia ya ha llevado adelante tres intervenciones en el marco del programa: dos tapeos en Godoy Cruz y una demolición, incluyendo esta primera acción en Guaymallén. Estas medidas se suman a otras ocho realizadas previamente (cinco demoliciones y tres tapeos) en distintos departamentos del Gran Mendoza, como Guaymallén, Las Heras, Ciudad y Godoy Cruz, consolidando una política orientada a reducir riesgos asociados a propiedades en desuso o tomadas ilegalmente.
La iniciativa apunta a agilizar los procedimientos y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado para intervenir de manera preventiva en espacios que puedan representar un riesgo para la seguridad y la convivencia urbana.
Nuevo tapeo de una vivienda en Godoy Cruz
En paralelo, este jueves, se desarrolló un nuevo operativo en el departamento de Godoy Cruz, donde se procedió al cierre y tapiado de una vivienda ubicada en calle Gorriti. Se trata de la segunda intervención de este tipo en ese departamento desde la implementación de la normativa, luego de una acción similar realizada en febrero en el barrio Bancario.
En ese marco, Mercedes Rus subrayó la importancia del avance del plan a nivel territorial: "el inmueble también había sido usurpado y que los vecinos señalaban como un punto de conflicto. Es clave avanzar con este esquema de trabajo coordinado con los municipios".
El operativo fue supervisado por el intendente Diego Costarelli, junto al director de Prevención y Participación Comunitaria del municipio, Leonardo Mastrangelo, y el director del programa provincial, Carlos Magnani.
El tapeo del inmueble busca impedir que el lugar continúe siendo utilizado con fines delictivos y mantener la vivienda resguardada hasta que su propietario pueda recuperar el uso. De esta manera, la medida apunta a retirar el espacio de la órbita de quienes lo ocupaban ilegalmente y restituir la posibilidad de que el dueño vuelva a disponer de su propiedad.
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