La Provincia impulsa una demanda contra la mujer a quien se le había reconocido el pago por un título de Técnica en Criminalística. El Gobierno considera que ese beneficio fue concedido en forma irregular.
El Gobierno demanda a una policía por un título que le pagaron de forma irregular
En una decisión con fuerte impacto administrativo, el Gobierno de Mendoza resolvió iniciar una acción judicial contra una integrante de la Policía provincial para recuperar fondos públicos.
Se trata de María Belén Maturano Lucero, actualmente Auxiliar 3° del cuerpo policial, quien había sido beneficiada en 2021 con un adicional salarial por su título de Técnica Superior en Investigación Criminalística.
La medida fue oficializada a través del Decreto N° 1595, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y publicado el 4 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial. El decreto instruye a la Asesoría de Gobierno a iniciar las acciones legales correspondientes, bajo el argumento de que el beneficio fue otorgado de manera ilegítima.
Según se desprende del expediente administrativo, el punto de partida del conflicto fue la Resolución N° 3661-S/2021, que reconocía el pago por título a Maturano Lucero a partir del 21 de abril de ese año.
No obstante, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia observó graves irregularidades en esa decisión, calificándola de "acto dictado con exceso de facultad reglamentaria" y en contradicción con el marco legal vigente (Ley N° 9003).
Aunque el acto en cuestión había adquirido estabilidad administrativa y no podía ser revocado de oficio, el Gobierno consideró que debía ser anulado judicialmente por lesionar el interés público. Por ello, el paso siguiente fue que la ministra Rus declarara formalmente como lesiva la resolución que otorgó el pago, lo cual hizo mediante la Resolución N°4792-SyJ en diciembre de 2024.
Ver: El Gobierno lleva a la Justicia a una policía por pagos indebidos
Con esos antecedentes, el nuevo decreto dispone que la Asesoría evalúe y eventualmente avance con la demanda, tomando en cuenta también si la prescripción de los plazos legales permite iniciar la acción.
De prosperar, la causa judicial podría derivar en la nulidad del beneficio económico otorgado y la restitución de los fondos cobrados por la agente policial, en un contexto en el que el Estado provincial busca depurar su estructura de gastos y corregir posibles distorsiones en el uso de recursos públicos.
