El gremio se refirió no sólo al achicamiento, sino especialmente a la limitación de la fiscalización que impedirá garantizar la trazabilidad del producto.
Advierten que los cambios en el INV afectarían la calidad de los vinos
El pasado martes el Gobierno nacional oficializó la reestructuración del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La medida estableció que ahora sea una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Además, flexibilizó los controles: la certificación se concentrará en el momento de la comercialización y no en cada etapa del proceso productivo.
Ante esto, en diálogo con el Post, con Marcelo González, inspector del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), enfatizó que el nuevo esquema pone en riesgo la calidad de los vinos argentinos, entre otros puntos.
González cuestionó particularmente el enfoque del decreto que restringe los controles a góndola, sin abarcar toda la trazabilidad del producto. "Hacer el control en góndola sin controlar desde el viñedo hasta su embotellamiento nos impide determinar qué vino es, de dónde viene y sus características", explicó. Y añadió que esta modalidad "nos limita a ver un producto que ya se encuentra terminado", con lo cual, según advirtió, podría facilitar irregularidades.
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"Vamos a ir a la góndola, vamos a sacar una botella y si encontramos alguna cosa complicada volvemos todo para atrás. Pero me parece que eso no es el fin por el que fue creado el Instituto", planteó. En ese sentido, también lamentó que la medida afecte no solo a los inspectores, sino a otras áreas como laboratorio, movimientos vínicos, estadísticas, cosecha y viñedos. "Nos cercena todo tipo de trabajo", sentenció.
Además, remarcó los posibles efectos negativos en la calidad de la información que recibe el consumidor. "Hay gente buena dentro de la industria, muy buena, que hace muy buenos vinos. Pero hay otra gente, como ha pasado y la historia lo delata, que comete ciertos errores", sostuvo. Según González, limitar el control puede abrir la puerta a que "muchos pongan en la etiqueta cualquier cosa, tratando de confundir y de mentirle al consumidor".
A través del decreto 462/2025, se dictaminó que el organismo continúe con su misma denominación, a fin de garantizar la continuidad de la certificación en el ámbito del comercio exterior. Actualmente el organismo cuenta con 459 agentes y con un presupuesto anual superior a $12.120 millones.
En ese contexto, González informó que los trabajadores del INV están en estado de alerta y transmitió la inquietud que existe. "Estamos en reuniones con los compañeros que se encuentran en un estado de ansiedad y de temor por lo que pueda llegar a venir", indicó.
"Estamos en un impasse. Esperemos que no haya tanta deserción y que las autoridades nacionales puedan hacer una estructura acorde a lo que hace realmente el INV", dijo.
Por último, recordó la importancia del INV a nivel federal. "El Instituto está presente en el 70% de las provincias argentinas", remarcó, y subrayó que su misión está directamente vinculada con la salud pública. "Como dice el Código Alimentario Nacional, el vino es un alimento. Por lo tanto, estamos preservando la salud pública", concluyó.
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Por otro lado, ante la consulta de este diario a las autoridades del Instituto, para conocer su postura, la respuesta fue: "El señor Presidente es el que hace las declaraciones a través de su equipo de prensa".
Los trabajadores del INV rechazan las críticas del Gobierno
El Gobierno había afirmado que el INV realiza controles innecesarios que generan sobre costos y burocracia. "La reestructuración de organismos considerados ineficientes y de programas superpuestos con otras agencias públicas apunta a reducir gastos, evitar duplicaciones y mejorar la eficiencia del Estado".
En ese sentido, desde el gremio del INV defendieron el rol del organismo ante esos cuestionamientos. "Primeramente, no existen controles innecesarios. Estamos controlando un alimento que debe ser genuino y que no cause problemas en el consumo", aclaró González.
En cuanto a los costos, explicaron que no existen "sobretasas", sino aranceles regulados que son abonados por los privados, y que además son significativamente más bajos en comparación con lo que costarían los mismos análisis en el ámbito privado. "Los análisis de libre circulación y exportación serían mucho más onerosos en la actividad privada", remarcaron.
Sobre la crítica a la supuesta burocracia, desde el gremio señalaron que las tareas de fiscalización se realizan conforme a las leyes 14.878 y 24.566, y que muchos de esos controles son incluso solicitados por los propios inscriptos en el sistema vitivinícola.
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En cuanto al detalle de las tareas que se realizan, González mencionó a los inspectores, quienes controlan viñedos para verificar si las variedades declaradas coinciden con las efectivamente plantadas, así como la cantidad de hectáreas utilizadas. Durante la cosecha, se fiscaliza la variedad recolectada y el tenor azucarino, que luego determinará el grado alcohólico del vino.
Además, se supervisan los inventarios para calcular la cantidad de uva molida y litros elaborados, y se realiza un seguimiento de todos los procesos de elaboración vínica: alcoholización, producción de vinos livianos, espumosos, controles de varietalidad, etiquetado, y denominaciones de origen y geográficas.
También, explicó que se efectúan degustaciones de productos en bodega para detectar posibles defectos, y en los laboratorios del INV se realizan análisis técnicos que permiten determinar "la genuinidad del producto y su aptitud para el consumo".
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