El Máximo Tribunal aceptó analizar el fallo que condenó a Andrés Di Césare, en un proceso de revisión considerado excepcional. La Corte actuará sobre los expedientes.
Qué significa que la Corte nacional revise el caso Julieta González
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió revisar la sentencia por el femicidio de Julieta González, un fallo que hasta ahora se encontraba firme como cosa juzgada. La revisión fue habilitada tras un recurso presentado por la defensa de Andrés Di Césare, condenado en 2022 a prisión perpetua luego de que la Suprema Corte de Mendoza reclasificara el hecho como femicidio.
La decisión del Máximo Tribunal sorprendió en el ámbito jurídico, ya que no se conocen aún los motivos por los cuales la Corte aceptó intervenir.
El abogado penalista Carlos Parma, en diálogo con el Post, explicó que la revisión es "una herramienta categóricamente excepcional", porque implica intervenir sobre una sentencia firme. Señaló que no está claro qué motivó a la Corte a aceptar el caso, y afirmó que este tipo de procesos sólo se habilita ante "un error judicial grave e insuperable a la luz de nuevas evidencias o hechos".
Parma detalló que, ante una revisión, la Corte puede encontrarse con tres escenarios posibles: "Que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que encuadra en una figura penal más favorable". Para el especialista, si se produjera una modificación, "probablemente avanzaría por esta última vía", es decir, una eventual reconsideración de la calificación.
El abogado advirtió que cualquier decisión del Máximo Tribunal será trascendente: "Este caso va a ser un leading case, porque no hay precedentes".
Además, el letrado destacó la solidez del fallo original dictado por la 5ª Cámara del Crimen: aseguró que se trata de "una sentencia técnicamente impecable", con argumentos que "se autoabastecen" y sin fisuras que habilitaran su revisión en instancias superiores. Remarcó que ese tribunal "fue el que escuchó a los testigos y tuvo la prueba a su alcance", algo que no ocurre en cortes de casación.
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Cómo llegó la causa a la Corte Suprema
Di Césare fue condenado inicialmente en 2019 a 18 años de prisión por homicidio simple. En ese primer fallo, los jueces descartaron el agravante por violencia de género al considerar que no existía una relación de pareja formal entre el imputado y la víctima. La decisión generó cuestionamientos de organizaciones feministas y llevó a la querella, representada por la abogada Carolina Jacky, a insistir en la figura de femicidio.
En 2021 y nuevamente en 2022, la Suprema Corte de Mendoza evaluó el caso y concluyó que el crimen se produjo en un contexto de violencia de género, lo que llevó a agravar la pena y dictar prisión perpetua. Para los magistrados, el modo de agresión reflejaba una clara asimetría de poder.
Hallaron el cuerpo de Julieta González en un descampado de Cacheuta en septiembre del 2016 atado de pies y manos con un fuerte golpe en la cabeza.
La defensa llevó entonces el planteo al Máximo Tribunal de la Nación, que ahora deberá decidir si mantiene la calificación de femicidio o si retrotrae la sentencia a homicidio simple. El resultado tendrá impacto no solo sobre la condena, sino también en la interpretación nacional sobre cuándo se configura la violencia de género como agravante penal.
En ese contexto, los ministros convocaron a dos conjueces: la jueza federal Rocío Alcalá (Resistencia) y el juez Gustavo Castiñeira (Mendoza), quienes ya fueron notificados y se sumarán a un tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
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