Una argentina podría ser deportada tras casarse con un estadounidense

El 25 de noviembre, Felicitas Lauría, una joven cordobesa de 22 años, se presentó junto a su esposo estadounidense a la entrevista final para obtener la residencia permanente en California. Lo que debía ser el último paso del trámite migratorio terminó con su detención por parte de agentes federales y un encierro de diez días en un centro de detención.

El caso expone el impacto de las actuales políticas migratorias de Estados Unidos sobre personas que se encuentran en proceso de regularización.

Felicitas había llegado a ese país a comienzos de 2023 mediante el programa Au Pair, con una visa de trabajo por dos años. Durante su estadía conoció a Marcus, ciudadano estadounidense, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2025. Tras la boda, inició el proceso de ajuste de estatus migratorio para obtener la residencia permanente.

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La joven presentó la documentación requerida, cumplió con los trámites biométricos y en septiembre obtuvo el permiso de trabajo. Con un nuevo empleo, se preparó para la entrevista conyugal, instancia final del proceso.

Durante la cita migratoria, reconoció que su visa original estaba vencida, aunque aclaró que se encontraba amparada por el trámite de ajuste de estatus y el permiso laboral vigente. A pesar de ello, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procedieron a su detención por no contar con una visa vigente.

En las primeras 48 horas permaneció incomunicada y luego fue trasladada entre dependencias policiales y el centro de detención de Otay Mesa. Durante su estadía estuvo esposada y encadenada, incluso para realizar actividades básicas. Además, no recibió medicación para una afección tiroidea ni los lentes que utiliza por problemas de visión.

La detención se prolongó durante diez días, hasta que a comienzos de diciembre fue liberada bajo fianza. Tras recuperar la libertad, presentó un notorio deterioro físico producto del encierro.

Felicitas quedó en libertad tras el pago de una caución de 1.500 dólares y bajo control migratorio, con el uso inicial de una tobillera electrónica, que fue retirada el 11 de diciembre luego de presentar un certificado médico.

Actualmente, la joven continúa residiendo en Estados Unidos junto a su esposo. Retomó su trabajo y sus estudios, con la intención de continuar la carrera de Derecho y validar materias cursadas en Argentina.

La audiencia judicial que definirá su situación migratoria fue fijada para el 11 de marzo de 2026, aunque su defensa busca adelantar la fecha. Hasta entonces, Felicitas permanece en libertad bajo condiciones impuestas por las autoridades migratorias.

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