Luego de que el Juez Sebastián Sarmiento ordenara frenar el secuestro de dispositivos, decidió apartarse de la causa y su reemplazante dio lugar al pedido del gobierno para que los presos no tengan celulares.
Finalmente se reactivó el secuestro de celulares en las cárceles de Mendoza
El Gobierno de Mendoza reactivó el operativo de secuestro de teléfonos celulares en las cárceles de San Felipe y Boulogne Sur Mer. La medida se concretó luego de que quedara sin efecto el fallo del juez Sebastián Sarmiento, quien la semana pasada había ordenado suspender el retiro de dispositivos en respuesta a un hábeas corpus presentado por internos.
Sarmiento argumentó que el Servicio Penitenciario no garantizaba el mínimo de un dispositivo tecnológico por cada 200 personas privadas de libertad, exigido por normativas de derechos humanos. También cuestionó las condiciones técnicas de los equipos disponibles, señalando que no ofrecían privacidad ni accesibilidad adecuadas. Por eso, dispuso frenar temporalmente el secuestro de celulares e intimó al Estado a presentar un informe técnico en 20 días hábiles.
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La respuesta del Gobierno fue inmediata. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó un recurso de apelación y acusó al juez de "intromisión en las funciones propias de la administración penitenciaria", afirmando que desoyó precedentes de la Corte y amplió indebidamente el alcance de la medida a toda la población carcelaria.
Este lunes, el escenario judicial dio un giro. El juez Sarmiento se apartó de la causa, y su reemplazante, el magistrado Juan Manuel Pina, aceptó el recurso de apelación presentado por el Servicio Penitenciario y suspendió los efectos del fallo original. "Concédase el recurso de apelación (...) y suspéndase lo ordenado (...) hasta tanto quede firme la misma", dice la resolución firmada por Pina, en referencia a la medida tomada el 15 de abril.
Mientras tanto, el Gobierno analiza medidas más drásticas contra Sarmiento. La vicegobernadora Hebe Casado había adelantado que se estaba evaluando un Jury de Enjuiciamiento por "reiteradas decisiones judiciales polémicas" y mencionó como ejemplo la liberación en 2023 de un delincuente con múltiples antecedentes, quien meses después asesinó al policía retirado Héctor Pelayes.
Para el gobierno provincial, Sarmiento es un ejemplo de "excesivo garantismo" judicial.
Por su parte, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, respaldó la postura del Ejecutivo y explicó que el uso libre de celulares en las cárceles representa un riesgo concreto. "Desde los penales se han orquestado estafas usando redes sociales. Simulan ventas de productos a precios atractivos, citan a las víctimas y luego actúan cómplices desde afuera. No es un capricho sacar los celulares, es una medida de prevención del delito", sostuvo.
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