Argentina fue notificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ser responsable internacionalmente por la violación de los fines de reinserción y reintegración social de la ejecución de la pena en perjuicio del señor Guillermo Patricio Lynn.
La CIDH condenó a la Argentina por evitar salidas transitorias a un preso
La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó este martes su decisión en el Caso Lynn contra Argentina. El tribunal declaró a la República Argentina responsable internacionalmente. La Corte estableció la violación de diversos derechos del señor Guillermo Patricio Lynn.
Detalles de la Causa
El Estado incumplió los fines de reinserción y reintegración social de la ejecución penal. Además, la sentencia fijó la violación de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial.
El caso se centró en un procedimiento disciplinario administrativo de 2000. El señor Lynn cumplía una condena en una cárcel de la Provincia de Buenos Aires. Un juez de ejecución penal autorizó previamente su avance en las etapas de progresividad de la pena. También concedió el beneficio de salidas transitorias.
El procedimiento cuestionado
Las autoridades impusieron una sanción al señor Lynn. El motivo: su supuesta presentación en estado de ebriedad. El tribunal internacional concluyó que Argentina vulneró garantías procesales:
- No se garantizó el derecho de defensa al sancionado.
- La decisión administrativa careció de motivación.
- Se violó el derecho a la presunción de inocencia.
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El procedimiento sancionatorio y las resoluciones judiciales posteriores dispusieron la regresión del detenido en el régimen de progresividad. Esto provocó la revocación del beneficio de salidas transitorias.
Omisiones judiciales
El señor Lynn no obtuvo protección judicial eficaz. El juez de ejecución penal omitió controlar la validez de la actuación administrativa. Tampoco analizó la proporcionalidad de las consecuencias del procedimiento sancionatorio sobre los fines de reinserción.
La Corte declaró la violación de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
Reparaciones ordenadas
La Corte ordenó al Estado implementar medidas de reparación. Entre ellas, la Corte exigió el diseño e implementación de un plan de capacitación, permanente y obligatorio. Este plan debe abordar los estándares sobre derechos humanos. La capacitación se dirigirá a funcionarios de la administración penitenciaria y jueces con competencia en ejecución penal.
La Jueza Nancy Hernández López emitió un voto concurrente. Los Jueces Rodrigo Mudrovitsch, Ricardo C. Pérez Manrique, Alberto Borea Odría y Diego Moreno Rodríguez emitieron votos parcialmente disidentes.
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