Carlos Alberto G., dueño de una concesionaria en Pilar, Buenos Aires, fue procesado por desobedecer una orden judicial y terminó con nueve vehículos secuestrados, entre ellos un Audi Q5, varias camionetas Hilux y una Amarok. La Justicia lo acusó de usar un predio estatal como playa de ventas.
Por qué le secuestraron 9 autos a un empresario en Pilar
El empresario Carlos Alberto G., titular de Autos Pilar Premium, no logró recuperar los nueve vehículos que le fueron secuestrados por orden judicial. Su intento de justificar la ocupación de un espacio verde junto a la autopista Panamericana, en el kilómetro 39,6, en Buenos Aires no convenció al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien desestimó su pedido de restitución y confirmó el procesamiento por desobediencia a la autoridad.
Entre las firmas denunciadas se encontraban MV Automotores, Blue Cars, FDG Motors y la ya mencionada Autos Pilar Premium. Tras constatarse la ocupación ilegal, se ordenó el retiro inmediato de los vehículos. Inicialmente, los responsables acataron la medida y los removieron, pero Carlos Alberto G. reincidió, lo que motivó el secuestro de una flota compuesta por un Audi Q5, un Peugeot 208, tres Toyota Hilux, dos Ford Ranger, una Volkswagen Amarok y una Kia Carnival.
El predio en cuestión pertenece a la Dirección Nacional de Vialidad y forma parte de la concesión operada por Autopistas del Sol. Allí, según la denuncia presentada por un apoderado de la empresa vial, varias concesionarias habían montado una especie de "playa de ventas" al aire libre. El lugar era utilizado para exhibir autos como si fuera un espacio privado, pese a ser un área pública concesionada, indicó La Nación.
La fiscalía, a cargo de Sebastián Bringas, también se opuso al pedido del empresario, señalando que ninguno de los rodados estaba registrado a su nombre. Aunque se presentaron contratos de consignación de venta y documentos de entrega en parte de pago, el fiscal remarcó que la devolución sólo podría hacerse a los titulares registrales, y en todo caso, con una caución equivalente al valor del vehículo, si se acredita que no fueron parte de la maniobra irregular.
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En su defensa, Carlos Alberto G. argumentó que no fue él quien volvió a colocar los autos en el lugar prohibido, y responsabilizó a empleados de su concesionaria. Alegó además que no existió intención dolosa, algo que el magistrado descartó tras revisar las pruebas aportadas por la Prefectura Naval, que realizó un nuevo relevamiento y confirmó la reocupación del terreno por parte de Autos Pilar Premium.
El juez González Charvay fue contundente: señaló que la medida ya había sido notificada fehacientemente, y que al reubicar los vehículos en el mismo predio -incluso a 100 metros de la sede de la concesionaria-, el empresario desobedeció de manera deliberada una orden judicial. Por eso, además del procesamiento sin prisión preventiva, le impuso un embargo por 300 millones de pesos.
La causa continúa su curso en el Juzgado Federal N°1 de Campana, mientras los vehículos permanecen secuestrados y el espacio verde, hasta ahora, libre de exhibiciones comerciales.
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