La ANMAT y SENASA controlarán en su totalidad el Código Alimentario

El Gobierno Nacional oficializó este martes la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos y otorgó a ANMAT y SENASA la responsabilidad directa de actualizar el Código Alimentario Argentino (CAA). Así lo establece el Decreto 538/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.

La decisión, enmarcada en los ejes de eficiencia y simplificación estatal que promueve la administración nacional, tiene como objetivo reducir burocracia, acelerar los procesos regulatorios y responder con mayor agilidad a los avances científicos y tecnológicos del sector alimentario.

Con la eliminación de la CONAL -un órgano asesor que hasta ahora intervenía en la modificación del CAA- las decisiones regulatorias recaerán directamente en los organismos con competencia técnica específica: el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la ANMAT, y el SENASA, bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ambos organismos cuentan con equipos técnicos especializados que ahora liderarán los procesos de actualización normativa basados en evidencia científica.

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"El objetivo es lograr un sistema más ágil, moderno y transparente, sin comprometer los estándares de seguridad alimentaria", señalaron fuentes oficiales.

Trámites más rápidos y trazabilidad digital

El decreto también establece que todos los trámites regulatorios relacionados con el Código Alimentario deberán resolverse en un plazo máximo de 15 días hábiles, lo que implica una mejora significativa para la industria, que hasta ahora enfrentaba demoras que podían extenderse durante meses.

Además, se fortalece el uso de SIFEGA, la Base Única de Datos del Sistema Nacional de Control de Alimentos, que estará a cargo de la ANMAT. Este sistema será actualizado diariamente por los organismos participantes y permitirá una vigilancia sanitaria permanente, con mejor trazabilidad de productos, seguimiento de infracciones y capacidad de respuesta rápida ante riesgos.

¿Adiós a los controles de ruta?

La reforma incluye la derogación de artículos y figuras ya desactualizadas, como las "cabinas sanitarias" instaladas en rutas -reemplazadas por tecnologías digitales- y campañas preventivas que ahora se canalizan a través de cada organismo competente.

También se elimina la duplicación de funciones y estructuras, en línea con el plan de modernización del Estado que impulsa la administración nacional.

De todos modos, el decreto aclara que las autoridades sanitarias de las provincias seguirán siendo actores clave en el sistema. Tendrán acceso completo a la base de datos unificada, participarán en la generación de información sanitaria y conservarán su capacidad de fiscalización en cada jurisdicción. Además, podrán intervenir en decisiones urgentes, como el retiro de productos del mercado o la emisión de alertas sanitarias.

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