La Justicia absolvió a los acusados en el caso de Solange Musse

El jurado popular de Río Cuarto exoneró a José Fernando Andrada y Analía Morales, imputados por abuso de autoridad en plena pandemia.

La Justicia absolvió a los acusados en el caso de Solange Musse

Editó: María Belén Godoy

El tribunal de Río Cuarto resolvió absolver a los dos principales acusados por el caso Solange Musse, la joven que falleció de cáncer en agosto de 2020 sin poder reencontrarse con su padre debido a las restricciones sanitarias por Covid-19. 

Los acusados eran José Fernando Andrada, entonces director del Hospital de Huinca Renancó de Córdoba, y Analía Morales, trabajadora social del Hospital de Río Cuarto e integrante del COE regional. Ambos estaban imputados por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, pero el jurado popular decidió por mayoría absolver a Andrada y de forma unánime a Morales.

Según recordó el fiscal Julio Rivero, el 16 de agosto de 2020 Pablo Musse intentó ingresar a Córdoba junto a su cuñada Paola Oviedo, con permisos nacionales de circulación y el de "regreso a casa" para ella, que tiene una discapacidad motriz. Sin embargo, al no presentar un PCR negativo vigente de 48 horas, se les realizaron test rápidos que luego fueron calificados como falsos positivos.

 Esa situación derivó en un operativo de encapsulamiento que los obligó a regresar a Plottier, Neuquén. Cinco días más tarde, Solange murió.

"Hasta mi último suspiro tengo mis derechos", había escrito en una carta Solange antes de morir.

El fiscal había pedido un año y medio de prisión para ambos imputados, además de que se reconociera a Solange y a su familia como víctimas de violencia institucional y se colocara una placa conmemorativa en el límite sur de Córdoba. 

Por su parte, la defensa argumentó que ni Andrada ni Morales tomaron la decisión final, sino que el operativo respondía a una estructura jerárquica más amplia, y que las acusaciones se sustentaban en fallas de la investigación.

Durante el juicio declararon exministros, médicos, policías y funcionarios del COE, quienes dieron versiones contrapuestas sobre la rigidez del protocolo.

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