En una jornada histórica, el ex juez federal recibió la condena de 18 años de prisión. El exjuez construyó, junto a una organización, un camino de poder impenetrable que se desmoronó y terminó de la peor manera.
Walter Bento y su camino: del poder al penal
Walter Bento fue designado juez titular del Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza en septiembre de 2005. Una vez consolidado en el cargo, y según consta en el expediente y quedó probado durante el juicio, dos años después comenzó a funcionar una organización criminal encabezada por él.
El mecanismo parecía sacado de una película: el cobro de coimas,en dinero, vehículos o inmuebles,a personas privadas de la libertad que buscaban obtener beneficios judiciales. Entre ellos, excarcelaciones, reducciones de pena, cambios de carátula, sobreseimientos y otras ventajas procesales.
En marzo de 2020, el entramado empezó a resquebrajarse. Uno de los integrantes del clan, Walter Bardinella Donoso, fue detenido tras permanecer prófugo en una causa por narcotráfico. El peritaje de su teléfono celular reveló conversaciones y referencias vinculadas a la obtención de beneficios judiciales, lo que dio inicio a la investigación encabezada por el fiscal federal Dante Vega y que terminaría dejando al descubierto a Bento.
Ver:Qué penas pidió la fiscalía para los demás condenados de la megacausa Bento
La condena marca uno de los fallos más importantes en materia de corrupción judicial en la provincia y sienta un precedente histórico al tratarse de un ex magistrado federal condenado por delitos cometidos en el ejercicio de su función.
Junto al "Gran Jefe", como llamaban a Bento, operaba Diego Aliaga, un empresario que cumplía un rol clave como organizador e intermediario entre el juez y los abogados de la organización. Aliaga prometía beneficios y coordinaba el pago de las coimas.
Aliaga fue hallado sin vida en septiembre de 2020 en Lavalle, tras permanecer 40 días desaparecido. Había sido secuestrado en Guaymallén, mantenido cautivo en un galpón de Ciudad y posteriormente asesinado por asfixia.
Detrás de él actuaban los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego, quienes,según la lectura del tribunal, se encargaban de reclutar clientes, fijar precios y visitar a los detenidos en los penales. En tanto, Leopoldo Antonio Ríos, Alejandro Aramayo y Francisco "Chato" Álvarez eran quienes se ocupaban de materializar en los expedientes judiciales la estrategia definida por Bento.
También integraba la estructura el comisario José "Moncho" Moschetti, responsable de aportar y recibir información reservada.
Seis meses más tarde, en septiembre de 2020, el fiscal Vega ya señalaba a Bento como líder de una asociación ilícita.
En 2021, el caso ingresó formalmente al Consejo de la Magistratura. La Comisión de Disciplina y Acusación comenzó a analizar el desempeño del juez, mientras en paralelo avanzaba la causa penal. El expediente estuvo atravesado por dilaciones, tensiones políticas y un fuerte lobby en torno al magistrado. Dos años después, el Consejo resolvió por unanimidad suspender a Bento, dejar de abonarle el sueldo y enviarlo a juicio político.
En julio de 2023, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza dio inicio al juicio oral contra Bento y otros imputados, entre ellos su esposa, dos de sus hijos, abogados, un excomisario y presuntos sobornadores. La acusación incluyó los delitos de asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En noviembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó a Walter Bento por mal desempeño. Ese mismo día perdió los fueros y quedó detenido en la cárcel federal de Cacheuta.
Este martes 3 de febrero, el exjuez federal fue declarado culpable de asociación ilícita en calidad de jefe; cohecho pasivo por ocho hechos; enriquecimiento ilícito; lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda y en ejercicio de la función pública; falsedad ideológica, en grado de coautor; y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
La fiscal María Gloria André solicitó que se le imponga una condena de 18 años de prisión, una multa de 752 millones de pesos, la cual fue finalmente poco más de 200 millones menor, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras haber sido hallado culpable de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Mientras que la defensa de Bento, Mariano Fragueiro, pidió la pena mínima, 5 años, y el beneficio de prisión domiciliaria.
