Un patrullero, un incendio y una deuda millonaria: la Provincia va a juicio

La historia arranca con un choque y termina, al menos por ahora, con una orden política para ir a tribunales. El gobernador Alfredo Cornejo firmó el Decreto N° 2758, que instruye a Asesoría de Gobierno a iniciar acciones legales para recuperar el dinero por los daños sufridos por el móvil policial interno N° 3577, afectado en un siniestro ocurrido el 4 de enero de 2023. La medida fue publicada en el Boletín Oficial este 31 de diciembre de 2025 (foto de portada ilustrativa).

Según el expediente EX-2023-06521619 tramitado en el Ministerio de Seguridad y Justicia, el reclamo se originó por el perjuicio sobre ese móvil -un Fiat Cronos, dominio AF711MU- y derivó en gestiones administrativas, notificaciones al presunto responsable, pedidos de mediación y tratativas con la aseguradora Mapfre Seguros.

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En la documentación incorporada, la División O.L.P.A. de la Dirección de Logística informó el 11/11/2024 un cálculo estimado de reparación por $ 10.640.000. Con ese número como referencia, la División Siniestros y Recupero de Bienes inició un reclamo extrajudicial contra Mapfre por el mismo monto. Más adelante, en el marco de las negociaciones, consta un nuevo ofrecimiento de la compañía por $7.500.000, pero el proceso no llegó a cerrarse.

La trama sumó un giro inesperado: el estado del vehículo cambió mientras el recupero seguía en marcha. O.L.P.A. dejó asentado que el rodado ingresó a la Playa de Secuestros San Agustín el 26/07/2023 con condición de "fuera de circulación total y permanente" por los daños del hecho original. Y que el 16/09/2023 ese predio sufrió un incendio que destruyó todos los vehículos alojados allí, situación registrada en el Expte N° 101611/23 (incendio, Oficina Fiscal N° 02) y también en el EX-2023-07088505 (Actuaciones Internas N° 22/23).

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Con el paso del tiempo y el riesgo de que se agoten plazos, los dictámenes internos comenzaron a marcar la urgencia. Asesoría de Gobierno advirtió que, si se avanzaba con el acuerdo, debía reclamarse intereses desde la recepción de la oferta hasta el eventual pago, y pidió dar "prioridad absoluta" al trámite por la cercanía de la prescripción. Fiscalía de Estado coincidió con ese criterio y reiteró dos puntos: exigir intereses y acelerar el tratamiento del expediente.

En paralelo, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio evaluó que estaban "agotadas" las vías administrativas y consideró fracasado el procedimiento de recupero, abriendo dos caminos: promover acciones judiciales o, si correspondía, evaluar la incobrabilidad conforme el artículo 98 de la Ley 8706 (Administración Financiera). En ese tramo también se cita el Decreto 803/53 (funciones de Asesoría de Gobierno) y la intervención de Fiscalía de Estado cuando está comprometido el patrimonio público.

Finalmente, el decreto firmado por Cornejo ordena avanzar: el Artículo 1° instruye a Asesoría de Gobierno a iniciar las acciones pertinentes "contra el conductor" y/o quien resulte civilmente responsable, y también contra la compañía de seguros, para cobrar la deuda por los daños y perjuicios del siniestro del 04/01/2023 que afectó al interno 3577. El Artículo 2° faculta al Asesor de Gobierno a realizar una nueva evaluación sobre la pertinencia y conveniencia de litigar. El texto lleva además la firma de la ministra María Mercedes Rus.