El Poder Judicial aplicará un sistema basado en datos socioeconómicos para resolver más rápido el beneficio de litigar sin gastos, un trámite que hoy representa casi una cuarta parte de los expedientes civiles.
La Corte mendocina digitaliza un trámite gratis clave
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza aprobó un cambio profundo en la forma en que se gestiona el Beneficio de Litigar sin Gastos (BLSG), el mecanismo que permite que personas sin recursos puedan afrontar un juicio sin pagar tasas ni gastos iniciales. La medida quedó formalizada en la Acordada Nº 32.299, difundida en el Boletín Oficial del 17 de noviembre de 2025, y marca el inicio de un esquema digital que promete acelerar un trámite que hoy ocupa miles de expedientes por año.
El punto central de la decisión es la puesta en marcha de una herramienta que consulta en forma directa los datos socioeconómicos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Con esa información, los juzgados podrán verificar con mayor rapidez la situación económica de las personas que solicitan el beneficio, sin depender del circuito tradicional de informes y pruebas que suele demorar el proceso.
La Corte fundamenta la reforma en dos datos que muestran la magnitud del problema: en el fuero Civil, Comercial y Minas se registraron 15.840 causas que abonaron tasa de justicia y 4.000 fueron incidentes de beneficio de litigar sin gastos. En la práctica, significa que uno de cada cuatro expedientes corresponde a este tipo de trámite. Ese nivel de demanda obligó a repensar todo el procedimiento, también en la Justicia de Paz.
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El rediseño se apoya en la Ley 9.658, sancionada en septiembre pasado, que actualizó el artículo 96 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Esa norma modernizó el régimen del BLSG y habilitó a la Corte a avanzar con una metodología más ágil respaldada en información objetiva.
El nuevo sistema requiere que la persona proporcione un conjunto mínimo de datos: DNI, CUIL, nombre y apellido, fecha de nacimiento y sexo. Con esa base, los juzgados accederán a los reportes disponibles en el SINTyS para determinar si corresponde conceder o no el beneficio. La acordada también fija criterios generales de aplicación y establece que regirán en todos los fueros de las cuatro circunscripciones donde se tramita el incidente.
Junto con la digitalización del proceso, la Corte dispuso una serie de medidas para garantizar su implementación: pruebas técnicas a cargo de la Dirección de Informática, monitoreo de desempeño en cada fuero y un plan de capacitación dirigido a magistrados, funcionarios, empleados y profesionales del foro, que quedará en manos del Centro de Capacitación Judicial.
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La federación de colegios de abogados y el Ministerio Público Fiscal ya fueron notificados, y la Secretaría de Información Pública deberá difundir los cambios para que usuarios y operadores conozcan el alcance del nuevo esquema.
Con esta reforma, el Poder Judicial busca reducir demoras, ordenar el volumen de expedientes y mejorar el acceso a la justicia de quienes no pueden afrontar los costos de un proceso. La implementación tendrá seguimiento permanente y ajustes a medida que avance su aplicación.
El anexo de la Acordada
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